El gobierno deCastilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, pidió ayer la inhabilitación política deJosé María Barreda y estudia lleva a cabo posibles acciones legales contra el expresidente de la Comunidad por su irregular actuación al frente de la gestión de los Presupuestos.
Leandro Esteban, portavoz del Ejecutivo, declaró ayer que el PSOE debería inhabilitar a Barreda para cualquier cargo público por “su nefasta acción de gobierno” y “apartarlo de cualquier responsabilidad política”.
Esteban también aseguró que la Junta espera un informe de la Sindicatura de Cuentas de la región sobre la gestión de Barreda, que asegura ha dejado a Castilla-La Mancha “en situación ruinosa”. Las posibles acciones legales podrían venir derivadas de los resultados que arroje el informe síndico, de acuerdo a Esteban. Según el portavoz, Barreda “ha mentido” y es “el verdadero protagonista de una situación desbocada y sin control”.
Este anuncio se ha producido después de saberse que el déficit público de la Comunidad es del 4,9% y no del 1,7%, como aseguró Barreda, y de que el actual equipo de gobierno cifrara en 2.606 millones de euros la deuda real de Castilla-La Mancha.
Elena Salgado, a quien Cospedal ya ha pedido una reunión urgente para hablar de las escandalosas cifras de deuda, puso en duda en Radio Nacional la veracidad de estas cifras. Según la ministra de Economía: “El informe que ha llegado a la secretaría de Estado de Hacienda no lleva la firma del interventor y eso es bastante serio”. También aprovecho para decir que el déficit oculto pueden ser facturas “ya contabilizadas del año anterior” y se lamentó de que Cospedal hiciera caso omiso a sus peticiones de prudencia.
Según Esteban, las declaraciones de Salgado “son excusas de mal pagador”, y defiende que el informe entregado a Hacienda “está elaborado por la Intervención General y las direcciones generales de Política Financiera y Tesorería y la de Presupuestos y Fondos Comunitarios”.
Por su parte, Cristóbal Montoro afirmó ayer en una reunión de consejeros autonómicos que “los consejeros de las Comunidades Autónomas deben difundir la situación real de cada comunidad”, dando permiso para destapar agujeros económicos, incluyendo aquellos desconocidos en empresas públicas autonómicas, aunque pidió que esto se hiciera con prudencia y con datos verificables.
Para Elena Salgado, estas declaraciones son “irresponsables”. También usó el mismo calificativo para referirse a las acusaciones del portavoz del PP, Esteban González Pons, que sugirió que la propia ministra puede tener “facturas ocultas en un cajón”.
González Pons se defendió con un “¿Irresponsable yo?” y añadió “Yo ya conozco a los socialistas, nos dejaron en 1996 700.000 millones de pesetas, un 1% del PIB, en un cajón escondido. Ojalá nos dejen ahora ellos lo que le dejamos nosotros a ellos en 2004”.
