Generaciones de políticos, clanes familiares y clubes de amigos se han repartido durante los últimos treinta años el dudoso negocio de la estafa desde la más altas esferas.
«Hay unas 400 personas que nos encontramos en todas partes. Nos vemos coincidiendo en muchas cosas, tanto si somos parientes o no», dijo en 2001, mucho antes de que estallara el «caso Palau», el entonces respetado Félix Millet. Un diagnóstico que se confirma en los últimos treinta años de historia de Cataluña, plagada de casos de corrupción que implican a muchos sospechosos habituales, con CiU, al frente de la Generalitat durante casi toda esta etapa, de gran protagonista. Millet respondió así, sin ambages, en una reveladora entrevista a dos periodistas –Pere Cullell y Andreu Farràs– que escribieron el libro «El oasis catalán». Tras enumerar todas las entidades y empresas donde tenía cargos –Agrupació Mútua, Bankpyme, el Barça…–a Millet se le inquirió sobre la recurrencia de los mismos apellidos, de políticos, empresarios e ilustres de la sociedad civil, en el «who is who» de la historia reciente de Cataluña, el «leitmotiv» del libro.
ITV, la «nueva generación»
Desde el «caso Banca Catalana», que salpicó en 1984 al entonces presidente de la Generalitat y cofundador de Convergència, Jordi Pujol, se ha registrado hasta una veintena de casos de corrupción en los que se ha involucrado a CiU. Y el relevo generacional, tanto de cargos políticos dispuestos a servirse de la Administración para sus negocios y los de su partido, como de empresarios dispuestos al cohecho, parece asegurado. En el «caso ITV» que aún se investiga, uno de los hijos de Jordi Pujol, Oriol, secretario general de CDC y diputado en el Parlament, está implicado y podría ser imputado. Por intentar amañar concursos de adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. Entre sus socios –sí imputados– se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia: Urús, en la Cerdaña.
El clan Pujol
Oriol es el único Pujol «júnior» activo en política, pero forma parte de un clan —padre, madre y siete hijos— con un currículum bajo sospecha. Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 empresas y en sus trayectorias figuran escándalos. Josep, por ejemplo, fundó la consultora Europraxis, y su hermano Oriol le encargó informes de dudosa utilidad cuando éste era secretario de Industria de la Generalitat. Otro Pujol hijo, Jordi, con negocios, hoteles y propiedades en Latinomérica, ha sido acusado por su ex pareja de llevar dinero a Andorra para ingresarlo en cuentas de la familia.
De la Rosa se rebela
El patrimonio de los Pujol y la denuncia de que tienen a buen recaudo su dinero en paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein, ha vuelto a la actualidad tras trascender en plena campaña electoral catalana el apócrifo borrador atribuido a la Unidad de Delincuencia y Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Un documento que señala dichas cuentas, como otras cuyo titular era el padre de Artur Mas, como destino de comisiones por obras públicas. Y a estas acusaciones se ha sumado Javier de la Rosa, a quien en su día Jordi Pujol tildó de «empresario ejemplar», y que ha denunciado haber sido amenazado por querer desvelar las cuentas de los Pujol en el extranjero. De la Rosa sostiene que los empresarios Carles Vilarrubí —actual vicepresidente del FC Barcelona, amigo de Pujol y que ostentó varios cargos durante sus mandatos—, y Carles Sumarroca –con vínculos empresariales con los Pujol y mencionado en las escuchas del «caso ITV»–, sabían de estas cuentas. En su día, De la Rosa se jactaba de haber entregado mucho dinero a Convergència (CDC).
«Caso Palau»
Convergencia de intereses es lo que también asoma en el «Caso Palau». Millet y su mano derecha, Montull, habrían expoliado hasta 30 millones de euros en sus últimos años al frente del Palau de la Música. Y CDC se habría beneficiado. A través del Palau, y mediante empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas (ahora CatDem), CDC se habría embolsado hasta 6 millones de euros. Era dinero que varias empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por obras públicas. El juez instructor, que imputó a un ex tesorero de CDC, declaró a Convergència responsable a título lucrativo. Le exigió una fianza de 3,2 millones. CDC la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, que fue embargado.
Unió, también
No está embargada la sede del socio de coalición de CDC, Unió, aunque la formación que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, no tiene un historial sin mancha. Nueve militantes del partido fueron condenados por desviar fondos del Consorcio de Turismo de la Generalitat por el «caso Turismo». En 2009, se condenó al ex secretario general de la formación socialcristiana, Josep Maria Servitje y al empresario Víctor Manuel Acuña por malversacón de fondos públicos por unos informes inútiles y copiados, encargados por la Consejería de Trabajo cuando la encabezaba Ignasi Farreres, absuelto en este causa. A los dos condenados, el Gobierno del PP les concedió un indulto parcial que les libró de la cárcel.
A los casos de Turismo y Trabajo se les añade el «caso Pallerols», de presunto desvío de fondos de subvenciones para cursos de formación de parados. Comenzará a juzgarse el próximo 7 de enero, y en él están imputados varios ex cargos de UDC en la Consejería de Trabajo en los años noventa. Duran i Lleida está citado como testigo. El fiscal solicita que UDC sea declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo y pide que indemnice a la Generalitat con 1,7 millones de euros.
Pretoria, transversal
CDC y Unió atesoran varios casos de corrupción, pero en algunos de ellos también se han visto involucrados otros partidos, lo que abona la tesis del «oasis catalán» y la ley del silencio.
Baste reseñar la derivada del «caso Palau», el «caso Hotel Palau», por el que será juzgada la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona, del PSC, o el «caso Pretoria», donde los convergentes Macià Alavedra o Lluís Prenafeta se mezclan con al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), o el ex diputado socialista Luis García, «Luigi».
