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Montoro presenta unos Presupuestos de guerra para convencer a los “acreedores” de España

En Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios el 3 abril, 2012 a las 12:52

Montoro presenta unos Presupuestos de guerra para convencer a los "acreedores" de España

LOS ESPAÑOLES VAMOS A PAGAR CON SANGRE LA MALA GESTIÓN Y LOS ROBOS DE QUIENES CONTINÚAN IMPUNES, MANDANDO Y CON BUENOS CARGOS Y PUESTOS.

 

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó hoy en el Congreso de los Diputados un anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2012 elaborado con el objetivo de “recuperar la confianza” de los socios e instituciones europeos, así como de los inversores internacionales. “Al final son los acreedores de España”, lanzó el ministro. El leitmotiv de las cuentas públicas no es otro que cumplir con el objetivo de déficit, que se reducirá en nada menos que 3,2 puntos, para pasar del 8,5% del PIB al 5,3%. Todo un presupuesto de guerra.

Montoro recordó que estamos en un “gravísimo momento económico” que ha obligado a poner en liza unas cuentas “de carácter extraordinario en la reducción del gasto público”. Eso sí, quiso dejar claro que se ha buscado realizar los ajustes en aquellas partidas que menos perjudican al crecimiento. “El Presupuesto no daña la esencia de la recuperación económica. Las partidas que se reducen son las más neutras”, subrayó el ministro, que incidió en que no se trata de unas cuentas para ocho meses, ya que llevan implementándose desde que el PP accedió al poder, el pasado mes de enero. Ya se había referido a ellas como “las más austeras de la democracia”.

El Gobierno avanzó el pasado viernes las líneas maestras de las cuentas públicas, que contemplan una reducción del gasto por Ministerios del 16,9% de media. En su conjunto, la previsión es que la Administración Central reduzca el déficit en 17.800 millones El Ejecutivo también anunció medidas excepcionales de carácter tributario para elevar los ingresos en 12.314 millones, incluida la subida del IRPF del 30 de diciembre y la amnistía fiscal planteada la semana pasada. “El volumen de activos ocultos puede ser muy importante”, subrayó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, sin dar más precisiones sobre cifras. Ferre también cuestionó que se ajuste a derecho la decisión de los territorios forales de no aplicar esa regularización.

No fue el único aviso a las comunidades autónomas, que tendrán que colaborar con una reducción del déficit en 1,4 puntos. El ministro insistió en que no permitirá titubeos en las regiones a la hora de contener el gasto. ”Todos vamos en el mismo barco, que no haya ninguna duda”, manifestó. E insistió en que el Gobierno actuará sobre quien no comparta ese compromiso con la reducción del déficit. Un mensaje lanzado también mirando al exterior. ”España tiene una financiación determinada y el Gobierno va a ejercer su capacidad de control”, zanjó, añadiendo que se tomarán medidas independientemente de que las comunidades “lleguen a los acuerdos políticos que lleguen”.

Paro y deuda, casi 60.000 millones

El Gobierno contempla unos ingresos no financieros totales para 2012 de 211.089 millones de euros, un 19,1% más que el ejercicio anterior impulsados por la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2010. Los ingresos impositivos alcanzarán los 167.797 millones, un 4,3% por encima del año anterior. Los tributos directos explican esta evolución. Por ejemplo, la recaudación por IRPF se sitúa en 73.106 millones de euros, 4.100 millones más. Sociedades aportará 5.350 millones extra con las nuevas medidas. Sin embargo, los indirectos se reducen un 3% ante el desplome del consumo interno.

Entre las partidas de gasto, el Gobierno destinará un total de 28.503,12 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo este año, lo que representa un 5,4% menos en comparación con el presupuesto de 2011. Junto al servicio de la deuda, el desembolso se eleva a 57.718 millones de euros. El Ejecutivo explica que el “elevado” gasto en prestaciones por desempleo registrado en los últimos años ha provocado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), organismo que hasta 2007 se autofinanciaba con cuotas de empresarios y trabajadores, “requiera de importantes aportaciones del Estado para su financiación”.

En este escenario, el presupuesto de beneficios fiscales para 2012 asciende a 38.102,7 millones de euros, lo que supone un 5,6% menos que en 2011. En concreto, destaca la caía del IRPF, que bajará en 1.528 millones de euros (un 9,2%) por la disminución del número de declarantes y de rentas sujetas al mismo. El Gobierno asegura que esto se nota, sobre todo, en la deducción por inversión en vivienda habitual, cuyos gastos fiscales caen un 13,8% a pesar de que más contribuyentes puedan acceder a ella.

Algo similar ocurre con el IVA, ya que la aportación de incentivos en este impuesto se recorta un 4,3% por la recesión económica y la prórroga del tipo superreducido del 4% a la totalidad de entregas de viviendas nuevas. En el caso del Impuesto de Sociedades, el descenso del Presupuesto de beneficios fiscales es del 1,7%, afectado por la “adversa” coyuntura económica que reduce el número de empresas con ganancias y empeora los resultados contables de todas ellas, tanto pymes como grandes firmas.

 

El Gobierno premia a Casa Real, que sólo reduce su presupuesto en 170.000 euros

 

El Gobierno premia a Casa Real, que sólo reduce su presupuesto en 170.000 euros

La Casa Real es una de las instituciones que mejor parada sale del elevado recorte de los Presupuestos Generales para 2012, ya que su presupuesto únicamente se reduce respecto al año anterior en 170.000 euros, el 2 por ciento, un porcentaje muy inferior al 16,9 por ciento de media que se reducen los ministerios.

Según el proyecto de Presupuestos presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la Casa Real tendrá para este año un presupuesto de 8,26 millones de euros, frente a los 8,43 por ciento del año anterior, es decir sólo tiene una reducción de 170.000 euros.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tendrá un recorte del 3,9 por ciento, las Cortes Generales del 4,5 por ciento, el Tribunal Constitucional del 3,4 por ciento, el Consejo de Estado del 3,7 por ciento y el Tribunal de Cuentas de 0,2 por ciento.

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