Carlos Dívar fue obligado a dimitir por no justificar viajes por un importe de 28.000 euros en viajes desde 2008.
Después de la destitución de Carlos Dívar culminada esta semana, el CGPJ sigue acaparando titulares. Cada vocal del citado órgano judicial habría gastado una media de 22.000 euros en viajes durante el año pasado, 2011.
En total, cerca de medio millón de euros en viajes y atenciones protocolarias, una media de 22.411 euros gastados por cada uno de los 20 vocales y el ahora expresidente Carlos Dívar, obligado a dimitir por no justificar viajes por importe de 28.000 euros desde el año 2008.
Una cifra en la que no están incluidos los gastos de los altos cargos en desplazamientos imputables a relaciones internacionales, lo que supondría sumar otros 360.000 euros, ni el coste de los escoltas con los que viajan, 295.000 euros.
El presidente de la Comisión Presupuestaria del CGPJ, Ramón Camp, fue el responsable de explicar el viernes en un encuentro con medios algunos datos sobre el presupuesto de este órgano. El vocal admitió que el no haber proporcionado información sobre el presupuesto de la institución, que este año asciende a 71 millones de euros, ha engordado el escándalo en torno a Dívar, de quien su sustituto, Fernando de la Rosa, aseguró que se le había causado un “daño irreparable”.
Camp, por su parte, insistió en que el órgano judicial utiliza sus recursos de manera transparente, pero que lo será más a partir de ahora. En el pleno del jueves próximas figura, entre otras medidas, el publicar en la web de la institución los principales datos presupuestarios.
Otras de las medidas avanzadas por Ramón Camp serán la regulación de los desplazamientos de los vocales a sus domicilios cuando éstos no estén en Madrid (como en el caso de 13 de los 20 actuales), y el alojamiento y manutención de los escoltas.
Camp negó que los vocales dispongan de tarjeta de crédito y que puedan realizar gastos privados en viajes oficiales a cargo del erario público, y facilitó cifras globales de desplazamientos en el año 2011. En ese año, el que el CGPJ gastó 3,4 millones de euros en viajes, 1,8 de ellos en desplazamientos de jueces y magistrados a actividades de formación en Madrid.
En total, el presidente y los vocales gastaron en viajes 400.966 euros, a lo que hay que sumar 69.679 en atenciones protocolarias. Un total de 470.646 euros que arroja una media de 22.411 por cada uno de ellos.
Aunque en la cifra no van incluidos los datos del secretario general, que apenas realiza desplazamientos, ni tampoco los viajes imputados a relaciones internacionales ni los gastos de escoltas, se desconoce la cifra de dinero públco gastado en viajes de cada uno de los vocales.
La historia del carbón español constituye la crónica de una muerte anunciada. Pero subvenciones y presiones lo han mantenido a flote hasta ahora.
La historia del carbón es convulsa y durante siglos se viene formulando la misma pregunta: ¿tiene el sector los días contados? Su auxilio crónico se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX cuando ya entonces no fue capaz de competir en precio con el mineral británico, ni ahora con el de los grandes productores.
Este problema de competitividad no ha hecho sino agravarse desde entonces, pero la organización de los sindicatos mineros, el respaldo de las fuerzas sociales y políticas y distintas presiones han conseguido retrasar su cierre, aunque no evitar un ajuste acelerado a partir de los años 80. En ese momento comenzó la reconversión industrial en la minería y en la siderurgia, al igual que sucedió en Inglaterra, con el cierre masivo de pozos mineros, lo que llevó a largas huelgas. Para entonces, la extracción subterránea de carbón en Asturias ya no era rentable debido a su alto coste y a su sustitución por otras fuentes de energía como la electricidad, el gas natural y los derivados del petróleo.
Fue a partir de los años 90 cuando la Unión Europea concedió las primeras subvenciones, que popularmente se llamaron “fondos mineros” y que permitieron construir infraestructuras, sin embargo, no dinamizaron lo suficiente la creación de empleo. Pero el anuncio de Bruselas, en julio de 2010, de que las ayudas públicas sólo se podían prorrogar hasta 2014 –se dijo en ese momento– volvió a poner fecha a la muerte del sector. Luego, el plazo para mantener estas ayudas estatales se amplió hasta diciembre de 2018 con el objetivo de ir reduciéndolas paulatinamente.
Este plan lo acordó el Consejo de la Unión Europea bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso el propio socialista español Joaquín Almunia dijo en julio de aquel año, 2010, desde Europa que el objetivo era “garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014. No debe haber ninguna duda al respecto”. Es más, añadía que “las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad”. “El camino a seguir”, señaló, “es el de las energías renovables y limpias”.
Los mineros enfurecieron entonces y opinaron que este acuerdo vulneraba la decisión comunitaria que en 2003 estableció que el carbón se trataba de una “reserva estratégica“. Almunia también criticó este argumento esgrimiendo que el mineral europeo apenas representaba el 1,4% del abastecimiento de consumo energético de la UE.
Sin embargo, es ahora el PSOE el que abandera la causa minera. No dudó esta semana, en la que los trabajadores han actuado con más violencia desde que anunciaran la huelga indefinida, en recibir a sus mujeres en el Senado que interrumpieron la votación de los Presupuestos Generales del Estado al grito de “hijos de puta” dirigidos a los senadores populares.
En agosto de 2011, con Zapatero aún en la Moncloa, el Ejecutivo socialista comunicó a Bruselas el plan que había elaborado, en el que cabían dos opciones: o bien el cierre de todas las unidades de producción antes de 2019 o si no, la devolución íntegra de todas las ayudas recibidas. El actual Gobierno deMariano Rajoyquiere llevarlo adelante, por lo que ha decidido reducir en 200 millones de euros las ayudas al carbón hasta el 31 de diciembre de este año.
El carbón nacional, más caro y contaminante
Y es que los costes para extraer este mineral son muy altos. A eso se suma el hecho de que las empresas energéticas españolas prefieren el carbón de importación, más barato que el nacional y menos contaminante, y sólo consumen este último si el Estado les subvenciona su adquisición.
Pero, por otra parte, el carbón es el único recurso energético abundante que tenemos en España; el gas y el petróleo debemos importarlo de zonas inestables políticamente. De ahí que los distintos Gobiernos se hayan resistido a abordar el problema y a prescindir por completo de este mineral.
Las subvenciones al carbón “han deformado Asturias o León”
Además, en la actualidad, existen zonas de “monocultivo industrial” que se han convertido endependientes económicamente de la actividad extractora del carbón o de procesos anexos. Las comarcas mineras de carbón en España son: Asturias, Galicia, Castilla León, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y Andalucía. La plantilla está compuesta en la actualidad por 4.000 personas. Sólo en Asturias viven indirectamente unas 10.000 personas.
Para el consejero de Libertad Digital, Alberto Recarte, estas subvenciones “han deformado Asturias o León” y si criticamos el PER, “debemos hacerlo con cualquier tipo de subvención”, señala el consejero. “La minería debería haberse cerrado en los años 80. Se hizo un esfuerzo tremendo con un coste elevadísimo para los españoles”. Si no se quiere cerrar las minas, “que cada mina haga lo que considere oportuno”, que se eliminen las “subvenciones públicas”, considera.
Los beneficios de los trabajadores
No sólo de ayudas directas del Estado se beneficia la minería, sus trabajadores disfrutan de unas condiciones de prejubilación especiales, debido a la peligrosidad asociada a su profesión.
Esto hace que el 33% de los mineros se prejubile entre los 42 y 44 años. Otro 29% lo hace entre los 45 y 49 años. Un 17% entre los 50 y 54 años; un 16%antes de los 42 años. El porcentaje baja considerablemente (4%) entre los que deciden hacerlo a partir de los 55 y hasta los 59 años, quedándose en tan sólo un 1% los que deciden prejubilarse a partir de los 60 años y hasta los 64. Las pensiones que reciben pueden llegar hasta los 2.600 euros.
El actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, este mismo viernes ha ofrecido una serie de datos interesantes. El ministro, que ha asegurado que no hay más “margen de maniobra” para otorgar más ayudas al carbón, ha apuntado que la minería –que emplea a 4.000 personas– recibe una dotación de 655 millones de euros. Mientras, el turismo, que genera más del 10 % del PIB y ocupa a dos millones y medio de personas, tiene un presupuesto “sensiblemente inferior”, de 438 millones, apuntó Soria.
‘No tenemos nada y sin embargo hemos desarrollado un país en lo humano’. represión, represión y represión bananera… y todavía tienen lameculos.
…HABLANDO MIELDA…
“Ojalá en todos los países del mundo hubiera un ‘dictador’ como los ‘dictadores’ que tenemos nosotros, el mundo no estaría tan convulsionado como esta ahora. Unos pensando en guerras, otros en la crisis económica (…) Nosotros nos sentimos felices y protegidos“. Son las palabras de Mirta Rodríguez, la madre de Antonio Guerrero, uno de los cincos cubanos preso en EEUU acusado de un delito de espionaje, cuando le preguntas que contestarías a los que dicen que Cuba vive una dictadura.
Mirta ha ‘caído’ en España junto a una delegación de personalidades cubanas dentro de su periplo por conseguir que condonen la pena a su hijo. Junto a ella se sientan Alberto Betancourt, importante economista cubano, Alberto González, funcionario de la Cancillería y Luis Morlote, diputado de la Asamblea Nacional de Cuba.
Los cuatro, invitados por los Amigos de la Solidaridad, llevan cinco días de jornadas maratonianas con un objetivo: mostrar una Cuba distinta de la que muestra “la campaña feroz mediática a la que está sometida Cuba”, según explica González.
“Somos un país tan pobre, tan bloqueado que es increíble que estemos haciendo historia. Yo les diría a los que piensan que Cuba vive sin libertad que vayan y que disfruten de nuestra alegría, de nuestro sol (…)Nosotros no tenemos nada y sin embargo hemos desarrollado un país en lo humano“, explica Mirta.
En la misma línea se posiciona Betancourt. El economista defiende el sistema político de su país asegurando que la cohesión que existe en Cuba “no se consigue con una dictadura”. Y argumenta que un claro ejemplo “de la democracia que tiene Cuba” ha sido la discusión popular masiva que se ha desarrollado para aprobar una de las principales medidas económicas llevadas a cabo en los últimos meses en Cuba: los alineamientos económicos y sociales. “Ha habido más de 3 millones de intervenciones del pueblo cubano ¿en qué otro país un Gobierno hace eso?“
Le interrumpe González para insistir en que “no hay otro país en el mundo en el que se permita a un joven o a un campesino o a un deportista hablar de sus problemas y exponerlos frente al Parlamento. Y crítica los países que se abanderan como luchadores de la Democracia.
“Yo me pregunto si es democracia bloquear un pueblo como Cuba, hacer una política de bloqueo contra 11 millones de personas, si es democracia cuando en su propio país la mayoría de los ciudadanos, según demuestran las encuestas, se oponen a ese bloqueo. Me pregunto si es democracia que EEUU continúe con su política aferrada de mantener el bloqueo“.
Por su parte, Morlote, diputado de la Asamblea Nacional pero también presidente de la Asociación Hermanos Saiz, muy ligado a la cultura del país, pone, de hecho, como ejemplo ésta para defender la libertad de la isla.
“Que los cubanos tengan posibilidad de tener una salud gratuita, acceso a la educación, a la cultura, al deporte es un elemento esencial de la libertad”, explica.
Los cambios económicos
En los últimos años Cuba vive una pequeña revolución económica con medidas aperturistas que para algunos no suponen ningún cambio, mientras que para otros son un nuevo camino.
“Cuba vive varias crisis. La alimentaria, por la que en el año 2008 pagamos 800 millones de dólares más por la misma cantidad de alimentos. La energética, porque los precios del petróleo nos han afectado muchísimo. Y la crisis del euro porque el 50% de los turistas que visitan la isla son europeos y con la crisis se cogen menos vacaciones, menos días y, por tanto, menos dinero que entra en Cuba”, explica.
Pese a ello, Betancourt asegura que Cuba ha hecho muchos cambios y que van a continuar. “La medida más importante ha sido la entrega de tierras en usufructo a la gente que las quiera trabajar”, pero advierte: “El objetivo es continuar desarrollando el socialismo en Cuba. No hay cambio político. Estamos hablando de la actualización del modelo económico, de preservar las conquistas sociales de la Revolución y no dejar a nadie desprotegido”.
Las relaciones con España y la Cumbre de Cádiz que se celebrará en diciembre también preocupan a la delegación. Reconocen que España y Cuba tienen “buenas relaciones” y confirman que, pese a lo que se anunció en un primer momento, la isla estará presente en la Cumbre.
“Cuba aboga por mecanismos de integración que funcionen y que no queden sólo en palabras”, afirma González que también señala que tras la Cumbre de las Américas donde los países invitados presionaron a EEUU para que en la siguiente esté Cuba “se ha marcado un nuevo tiempo”.
El caso de los Cinco
Pero dejando a un lado la economía, la crisis y la relaciones bilaterales, el viaje de esta delegación a España y en especial el viaje de Mirta tienen un objetivo muy claro: su hijo Antonio.
Antonio forma parte de los que son conocidos en Cuba como los ‘Cinco héroes’. Cinco hombres presos en EEUU tras ser acusados de espionaje y ser condenados en un primer momento a cadena perpetua y tras decenas y decenas de recursos a penas que superan los 20 años en su gran parte.
Mirta tiene 80 años y lleva desde los 66 luchando cada día por su hijo. No pierde la esperanza pero es consciente de que la Justicia estadounidense es muy larga y a ella ya no le queda tanto tiempo como antes.
Con lágrimas en los ojos, pero sin perder el coraje que cualquier madre tendría por su hijo, es sincera y asegura que el caso de su hijo y el de los otros presos es “un caso político”.
“Son muchos años de lucha. No sé el tiempo que me queda y hay que luchar porque liberen a mi hijo cuanto antes (…) No quiero que mi hijo pase la vida en la cárcel”, asegura.
Agradece el apoyo internacional que recibe por la causa de los ‘Cinco’ y pide al Gobierno estadounidense que los libere. “Estamos acudiendo a Obama para que diga hasta aquí, pero, por favor, que se acabe esta agonía”.
154 militares se han quitado la vida en los primeros 155 días del año
El secretario de Defensa, León Panetta, ha mostrado su preocupación por la alta tasa de suicidios entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y urgió poner más énfasis en la salud mental.
Según publicó la prensa estadounidense a principios de este mes se calcula que se han producido 154 suicidios entre militares en activo en los primeros 155 días del año, casi el doble de los muertos en Afganistán.
Unas cifras que de continuar esa tendencia superarían las del pasado año, en el que, según datos del Pentágono dados a conocer en enero, se registraron 164 casos de suicidio entre los militares en activo, frente a los 159 que hubo en 2010.
Panetta indicó que los suicidios son uno de los problemas “más complejos” y “urgentes” que enfrentan los militares estadounidenses y es “uno de los restos más frustrantes” ya que “a pesar del aumento de esfuerzos y el incremento de atención, la tendencia continúa avanzando en una problemática y trágica dirección”.
“Tenemos que aumentar la investigación en prevención de suicidios”, señaló el secretario de Defensa que reconoció “los desafíos que enfrentan nuestros militares y veteranos” después de más de diez años de guerra, en Irak y Afganistán.
Políticas de prevención
Por eso confía en que el fin de la guerra de Irak y el inicio de la retirada en Afganistán sean un alivio para las tropas, aunque señaló que es un asunto que no se debe descuidar ya que “más de la mitad de los militares que se han suicidado no habían sido desplegados”.
“Estamos lidiando con asuntos sociales más amplios. Abuso de sustancias, presión económica, problemas familiares (…) riesgos que van más allá de la guerra, por eso, debemos desarrollar una estrategia de prevención duradera”.
El secretario consideró que los militares tienen que trabajar para eliminar el estigma que a veces rodea los asuntos de salud mental y señaló que los mandos deben entender que “buscar ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad”.
El Departamento de Defensa ha iniciado una política global para la prevención de suicidios y por recomendación de un grupo de trabajo especializado, el pasado noviembre estableció la Oficina de Prevención de Suicidios.
Actualmente hay 9.000 psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras especializadas en salud mental en clínicas y hospitales militares, una cifra que ha crecido un 35 por ciento en los últimos tres años.
La última sesión del juicio contra el ex entrenador de fútbol americano Jerry Sandusky por abuso de menores, estuvo marcado por la triste acusación de uno de sus hijos adoptivos que lo acusó de abusar también de él.
Esta revelación se produjo cuando los miembros del jurado ya se habían retirado a deliberar, pese a que el abogado de Matt Sandusky, el hijo adoptivo, aseguró que se había puesto en contacto “durante el juicio”.
“Nos pidió nuestra opinión y nuestra ayuda para concertar una reunión con los fiscales y revelar por primera vez que es una de las víctimas de los abusos de Jerry Sandusky”, confirmaron los abogados Andrew Shubin y Justine Androcini, en un comunicado divulgado por ‘The New York Times’.
Los abogados aclararon que se había producido esta reunión y que fue “una experiencia muy dolorosa para Matt”, agregó el comunicado.
Matt Sandusky, que ahora es adulto, fue un niño acogido en casa de los Sandusky, antes de ser adoptado por la pareja, que tiene otros cinco hijos adoptados.
Jerry Sandusky, de 68 años, quien se declaró no culpable, se encuentra acusado de 48 cargos (cuatro de los 52 que se presentaron inicialmente fueron desechados). Se le acusa de agredir sexualmente a por lo menos diez niños, a veces muy jóvenes, durante 14 años, entre 1994 y 2008.
Sandusky fue entrenador de fútbol americano en los Penn State, junto al mítico Joe Paterno, que dimitió justamente por este escándalo.
“Todos ellos tenían algo en común: eran hijos sin padre”, aseguró el fiscal José McGettigan. “Atacó a los que eran los más vulnerables”, añadió, aclarando que les había robado su infancia.
Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela no lo reconocen. A Leonel Fernández habría que preguntarle si se ha enriquecido a costa del sufrido pueblo dominicano.
Los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela han calificado como un “golpe de Estado” la destitución de Fernando Lugo y señalaron que no reconocerán al nuevo jefe de Estado, Federico Franco.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue el primero en decir que no aceptará otro presidente que no sea Lugo. A Correa le siguió la argentinaCristina Fernández, quien dijo que no va a “convalidar el golpe”.
El venezolano Hugo Chávez manifestó tras reunirse con el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, que no reconoce “al írrito e ilegal” Gobierno de Franco y el boliviano Evo Morales subrayó que no acepta “un Gobierno que no surja de las urnas y el mandato del pueblo”.
El presidente dominicano, Leonel Fernández, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar “inmediatamente una reunión general de cancilleres, con el fin de suspender al país sudamericano de los organismos regionales”. Fernández planteó, además, “que debe haber una acción colectiva de la comunidad internacional, a los fines de restituir al presidente Lugo en la Presidencia de Paraguay”.
Se espera que el resto de los gobiernos latinoamericanos se pronuncie en las próximas horas, aunque algunos seguramente estén a la espera de conocer cómo evoluciona en las próximas horas la situación en Paraguay, que por ahora es de tranquilidad.
Aunque el canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció en Asunción que los presidentes de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se van a reunir “pronto”, el secretario general del organismo, el también venezolano Alí Rodríguez Araque, que asumió el cargo este mes, no se ha pronunciado una vez producido el cambio presidencial, quizás porque a Franco le corresponde la presidencia pro témpore de Unasur, que asumió Lugo este mes en Bogotá.
Franco pidió a los líderes de los países vecinos, en particular los socios del Mercosur, que “entiendan” la situación creada en su país y acepten que hará “el mayor de los esfuerzos para que esto se normalice”.
La Constitución paraguaya prevé la posibilidad de un “juicio político” al presidente y también que si es destituido por el Senado, que actúa como tribunal, es el vicepresidente quien asume la jefatura del Estado hasta que se realicen las siguientes elecciones presidenciales previstas, en este caso en abril de 2013.
Costa Rica ofrece ‘refugio’ a Lugo
Lugo, que había dicho que iba a afrontar el juicio “con todas las consecuencias”, acató la decisión pese a que según dijo la ley se había “torcido” y abandonó el Palacio Presidencial.
En un comunicado difundido en San José, el canciller de Costa Rica,Enrique Castillo, señaló que su país, “que históricamente ha sido un tradicional territorio de refugio y asilo, expresa la mejor disposición de considerar (otorgarlo) al presidente Fernando Lugo o a algún miembro de su gabinete, si lo tienen a bien formular una petición en ese sentido”.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ha denunciado que enfrentaun “golpe de Estado exprés” en su país, donde el Congreso acordó iniciarle un “juicio político”, que consideró, “sin ningún argumento valido”.
Lugo declaró a la cadena internacional Telesur, con sede en Caracas, que en su país se vive “un golpe de Estado exprés porque lo han hecho entre noche y madrugada“.
“Nosotros decimos que es incluso anticonstitucional, porque no se respeta el debido proceso“, añadió el gobernante, quien confirmó que mañana al mediodía (local) comparecerá ante el Legislativo.
Indicó que “se han unido las fuerzas más conservadoras del país a pedir el juicio político sin ningún argumento válido” e insistió en que no hay “ninguna razón valedera” que lo amerite.
Dijo esperar que en el proceso ”reine la racionalidad” entre los parlamentarios y él pueda salir “airoso de este juicio político injusto”.
Por otra parte, advirtió de que existen indicios “claros” que apuntan a que el precandidato del Partido Colorado Horacio Cartes está detrás del proceso que enfrenta.
“Hay un enfoque muy fuerte, con indicios bastantes claros, de que quien está detrás de todo esto es el precandidato del Partido Colorado”, sostuvo el jefe de Estado, quien consideró que Cartes “sabe que su candidatura no está prendiendo, no está creciendo”.
“Y la única manera que pueda crecer su candidatura es eliminando a los candidatos también y al proceso democrático iniciado en el 2008 por Fernando Lugo”, puntualizó.
Un proceso contra la democracia
El gobernante también señaló como responsables de la crisis a los que “no desean el cambio en Paraguay y los que creen que hay que eliminar este proceso democrático iniciado en el 2008“.
“Los que se han beneficiado durante años y décadas de los bienes del Estado, los que han vivido privilegiadamente en los últimos años y (…) ellos están detrás de este golpe de Estado parlamentario en el juicio político contra el presidente Lugo”, añadió.
Cartes es dueño de una incalculable fortuna que incluye bancos, haciendas ganaderas, tabaqueras y una embotelladora de refrescos que compite con Coca Cola en el mercado local.
Fue habilitado para competir por la candidatura presidencial en 2013 en una cuestionada convención “colorada” realizada en enero pasado.
En noviembre pasado, Cartes desmintió una acusación que lo vincula, según un informe filtrado a través de WikiLeaks, junto al ex presidente del Banco Central (BCP) Gabriel González en presunto lavado de dinero.
La Cámara de Diputados de Paraguay promovió este jueves, en apenas cinco horas y por abrumadora mayoría, un “juicio político”, en el que el Senado se constituyó en “tribunal” y fijó un calendario de proceso que concluirá este viernes a las 16.30 hora local (20.30 GMT) con la sentencia a Lugo.
Hoy mismo, los cinco diputados designados como “fiscales”expusieron sus razones para la destitución del presidente, quien había rehusado dimitir y dicho que se sometería al proceso previsto en la Constitución.
Las razones de los ‘fiscales’
Los “fiscales” esgrimieron entre otras razones para el “juicio” los 17 muertos que dejó un choque armado entre policías y campesinos ocurrido durante un desalojo en la hacienda de Curuguaty, el pasado 15 de junio.
Además acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday, en la frontera con Brasil.
También mencionaron un acto político de sus aliados izquierdistas celebrado en una instalación militar en mayo de 2009, la ola de inseguridad en Paraguay y el apoyo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia II avalado por el Mercosur.
Una delegación de ocho cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) viajó a Asunción para reunirse con Lugo, en tanto que la Organización de Estados Americanos (OEA) y EEUU han expresado su preocupación por la situación en este país.
Cuatro años como presidente de Paraguay. Cura y fornicador.
“La lucha por la tierra en nuestro país ha sido históricamente no violenta”. Con estas palabras, Fernando Lugo, trataba de hacer ver que el enfrentamiento que acabó con la vida de 17 personas durante el desalojo de una hacienda rural en Curuguaty era un hecho aislado que no volvería a repetirse. Pero lejos de quitar hierro al asunto, las acusaciones sobre su ‘mala gestión’ en este conflicto entre policías y campesinos han terminado por costarle la presidencia.
A través de un ‘juicio político’, que Lugo calificó de ‘golpe de estado exprés’, se ha puesto punto y final a sus cuatro años al frente del Gobierno Paraguayo. Un periodo en el que el ex obispo ha hecho frente aun cáncer, ha reconocido a dos hijos que tuvo con dos mujeres diferentes cuando aún era sacerdote y se ha visto envuelto en varias polémicas, especialmente por el reparto de las tierras.
Fernando Lugo Méndez, nacido el 30 de mayo de 1951, vino al mundo en una familia humilde y no especialmente religiosa. Sus padres sufrieron la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El progenitor pasó varias veces por la cárcel y otros miembros de la familia tuvieron que exiliarse, entre ellos el propio Lugo, que se marchó a Roma.
Tras terminar la escuela en Encarnación, su padre quería que fuera a la Universidad y se hiciera abogado, pero Lugo cambió de planes al descubrir en una comunidad rural su vocación por el sacerdocio. Así, a los 19 años ingresó en un seminario de la Sociedad del Verbo Divino. Cursó estudios de Teología y Sociología, se ordenó sacerdote en 1977y se fue de misionero a varios países.
En 1994 le nombraron obispo y le asignaron a la diócesis de San Pedro, una de las regiones más pobres de Paraguay. Supo ganarse el cariño de sus feligreses y estuvo allí hasta 2005, cuando el interés por la política empezó a hacerse más fuerte que la religión.
Giro hacia la política
En 2006 encabezó la mayor manifestación de protesta que se había realizado nunca contra el presidente Nicanor Duarte Frutos.
Tal fue su liderazgo que decidió colgar los hábitos definitivamente y postularse para la presidencia de Paraguay, que lograría dos años más tarde (2008) adjudicándose el mérito de sacar del poder al Partido Colorado, que llevaba en el Gobierno seis décadas ininterrumpidas.
“Se siente, se siente, Lugo presidente”, cantaron entonces los partidarios de Fernando Lugo, que representaba a la izquierdista Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y ofrecía una esperanza real de mejorar el país. Habla la lengua guaraní y es partidario de la economía mixta y defensor de la propiedad y la inversión privada. Pero sobre todo era el candidato de los pobres y los excluidos.
Cuando fue elegido presidente prometió trabajar por las necesidades de los más desfavorecidos y de los ‘sin tierra’, pero este última promesa ha sido más complicada de cumplir y durante su mandato se ha recrudecido la violencia y los conflictos por las propiedades. Unos le acusaban de ser demasiado permisivo con los campesinos que ocupaban tierras a la fuerza. Otros, con no apretar como debería a los terratenientes.
Las luchas políticas internas y la lentitud con la que avanza su prometida reforma agraria -su proyecto más ambicioso- han terminado por minar su poder.
No obstante, Lugo ha negado las acusaciones de ‘mal desempeño’ de su cargo y se resistió a dimitir: “Amo profundamente al pueblo paraguayo, vine de él, continuaré trabajando por la causa de sus grandes aspiraciones y me encontrarán siempre luchando por la justicia social y la paz entre paraguayos”, dijo en su último mensaje al país como presidente desde el palacio de Gobierno.
El senado ha aprobado por amplia mayoría la declaración de culpabilidad para el acusado, el presidente paraguayo Fernando Lugo, quien de forma inmediata quedó separado por pleno derecho de su cargo. “Se harán las comunicaciones correspondientes”, dijo el presidente de la Cámara Alta, mientras en la plaza circundante al Parlamento se manifestaban a viva voz tanto sus partidarios como los detractores.
Un total de 39 votos a favor de la destitución, dos abstenciones y cuatro en contra fueron los que marcaron el hecho más destacado de la historia moderna de la política paraguaya este viernes.
Tras la sentencia se ha convocado al Parlamento para que lo más pronto posible tome juramento al ciudadano a quien le corresponde ser el nuevo Presidente de Paraguay, el vicepresidente actual Federico Franco.
Muchos nervios y mucha tensión precedieron la lectura de la sentencia. Antes, los senadores expusieron con matices verbales subidos de tono sus puntos de vista, tanto a favor como en contra.
“Insolvencia moral, ineptitud, falta de decoro son causa de mal desempeño. Se suman 17 personas muertas. Acá los defensores dijeron que esa operación se hizo con orden fiscal y es un absurdo que tal decisión lo justifica. Ahí está la responsabilidad política, la falta de conciencia de la responsabilidad que significa administrar el poder del Estado. Nos amenazan con que nos van a aplicar el protocolo, pero sería una grave arbitrariedad. Termino diciendo que nos cuestionaban el plazo del proceso, pero debemos salvar esto lo más rápido posible”, fueron los argumentos dados tras el cuarto intermedio, por parte del senador del que partió la propuesta.
Tanto Lugo como algunos otros gobernantes hablan de golpe de Estado, otros de cierre de frontera mientras se argumentaba a favor de la condena y posterior envío de los antecedentes a la Justicia.
“Nosotros no inventamos nada, lo dice la Constitución. Mal desempeño y comisión del delito, que puede ser común o en ejercicio de sus funciones, eso se analiza. Insistieron (la defensa) en la inconstitucionalidad, pero es poco lo que se refirieron a las causas por las que le acusaban. En el tema militar que se apunta en la acusación, es el mitin político donde no interesa el color. Los militares no pueden hacer política. El presidente tiene una responsabilidad como comandante en jefe, pues sabía todo. Ése es el tema, los militares no pueden de ninguna manera realizar actividad política y eso motivó la protesta de muchos ciudadanos”, expresaron los senadores.
Y continuaron “las fuerzas armadas son nacionales y no partidarias, esa cuestión debemos preservarla para la democracia. Se quedaron cortos porque nadie puede olvidar esa designación que hizo de un coronel del arma de aviación, designado jefe de estado mayor de la Fuerza Aérea, un oficial procesado y condenado por tráfico de drogas en Argentina. Esas cuestiones interesan para calificar como mal desempeño de sus funciones. No se puede decir menos de toda esa remesa de las armas que fueron pasadas a retiro sin explicaciones, para privilegiar a los amigos. Si eso está probado, esto es un juicio político“.
“No estamos cuestionando si son nazis, chavistas o fascistas, no se pueden usar los cuarteles para hacer política. No hay fecha de prescripción, pasaron cuatro años y es importante que aún se establezcan como causa de mal desempeño que puede costar la presidencia a alguien que abusa de su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, se argumentó.
Presencia de carros, gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y vallas caídas se desplegaron en las calles nada más conocerse la decisión de la destitución del Presidente Fernando Lugo.
En la plaza ubicada frente al Congreso, en la ciudad de Asunción, los manifestantes avanzaron al conocer la destitución del presidente.
Federico Franco, actual vicepresidente, es quien debe asumir como presidente constitucional del país a los 30 minutos tras conocerse la decisión, pero los disturbios pueden retrasar el proceso.
Cientos de policías bolivianos, acompañados por sus mujeres, han comenzado a saquear y destrozar la sede de Inteligencia de su institución y quemado los archivos, cerca del Palacio de Gobierno de La Paz, constató la agencia.
Los agentes salieron del cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), que ya tomaron por la fuerza el jueves, desfilaron ante el Palacio Quemado, donde tiene sus oficinas el presidente Evo Morales, y luego atacaron las oficinas de la Inteligencia de la Policía Nacional.
Decenas de agentes armados y encapuchados se han situado en el tejado, mientras otros queman en la calle documentos, rompen ordenadores y destrozan el edificio. Los saqueadores de la sede de la Inteligencia volvieron al cuartel de la UTOP, tras pasar nuevamente ante el despacho de Morales, mientras coreaban “motín, motín”.
Algunos agentes también exigieron a gritos la renuncia del mandatario, quien regresó anoche de Brasil, donde asistió a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
En el mismo lugar tienen oficinas la Policía Internacional (Interpol), el Tribunal Disciplinario de la institución y la sección de investigaciones internas.
El Gobierno de Morales y los mandos de la Policía Nacional han pedido calma y diálogo a los agentes de bajo rango, que exigen mejoras salariales y laborales, pero siguen los incidentes tanto en La Paz como en otras ciudades. Varios oficiales han resultado heridos al tratar de frenar a los agentes, según fuentes oficiales.
La Plaza Murillo, donde están la Presidencia, el Parlamento y el ministerio de Exteriores, está sin vigilancia. El Gobierno no ha querido hasta ahora reemplazar por soldados a los policías que guardan habitualmente el Palacio Quemado, que tiene todas sus puertas cerradas.
Las protestas de los policías comenzaron el miércoles en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, donde bloquearon el acceso a comandos y cuarteles, y llamaron a suspender actividades, mientras sus esposas iniciaron huelgas de hambre.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno de Bolivia ha anunciado que atenderá las demandas salariales de los miles de policías amotinados, poco después de que cientos de ellos saquearan la sede de la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la institución, muy cerca del despacho del presidente Evo Morales.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el mandatario regresó anoche de Brasil, dos días antes de lo previsto, porque “tiene preocupación personal, directa”, ante la toma de decenas de instalaciones policiales. “Nos ha instruido de manera expresa para que se pueda trabajar y atender los requerimientos de la policía boliviana“, dijo Romero en una breve comparecencia ante la prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, en la que no aceptó preguntas.
Romero pidió a los agentes sublevados “suspender las acciones de hecho”, como la ocupación y saqueo de instalaciones policiales, o la quema de sus archivos, y afirmó que desde anoche hay un canal de diálogo abierto para buscar una solución al conflicto.
Un dirigente de los policías, Edgar Ramos, dijo que esperan que el Gobierno les haga llegar por escrito cualquier invitación a dialogar, con una propuesta concreta, mientras que Guadalupe Cárdenas, líder de las esposas de los agentes, agregó que solo aceptarán dialogar directamente con Morales
El Ministerio de Justicia resolverá la petición por estricto orden de solicitud. Todos los “jueces políticos”, ya sean de derechas o izquierdas deben irse a la basura.
El Gobierno tramitará la petición de indulto de Baltasar Garzón después de que el exmagistrado haya comunicado al Ministerio de Justicia que la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) lo pidió «en su nombre», según fuentes de Justicia.
Este requisito es indispensable para que se tramite el expediente, dado que solo si el afectado la asume como propia se puede tramitar por parte del Gobierno. Después de recibir la petición de la asociación de juristas Medel el pasado mayo, Justicia preguntó por carta a Garzón si la asumía como efectuada en su nombre y Garzón respondió por escrito esta semana al ministerio.
Garzón señala en la carta que él no ha pedido el indulto, ni ha solicitado a nadie que lo hiciera en su representación, pero reconoce que la asociación Medel lo ha formulado en su nombre, han indicado las mismas fuentes.
En la misiva, el exmagistrado indica que la solicitud que presentó Medel es «libre y soberana», al tiempo que agradece la decisión de pedir el indulto, reconoce que fue informado de ella «con carácter previo» y estima que contiene argumentos «dignos de ser valorados».
El Ministerio de Justicia considera que la respuesta de Garzón es suficiente para comenzar el procedimiento habitual en estos casos, que se puede prolongar entre ocho y catorce meses. El expediente del indulto de Garzón se resolverá por estricto orden, cuando se hayan resuelto las solicitudes presentadas con anterioridad.
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Albert Einstein
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