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La Udef pide al Supremo investigar las cuentas de Blanco y de su mujer

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 25 febrero, 2013 at 12:37

La petición es parte de una “propuesta de actuación”. La Udef ve necesario “investigar” los hechos de esta pieza separada del caso Campeón.

 

 

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) solicita en un informe al juez José Ramón Soriano, instructor del caso Blanco en el Tribunal Supremo, que pida a la Agencia Tributaria los datos bancarios del exministro de Fomento José Blanco y de su mujer, Ana Isabel Mourenza, entre 2006 y 2011. La Policía quiere profundizar en el proceso de compra del chalé que tiene en Las Rozas (Madrid) el ahora diputado socialista.

Según informa El Mundo, la Policía considera que “existe un desfase entre el valor publicado como precio de venta en el portal inmobiliario donde se ofertó” el chalé del que fuera número dos del PSOE “y el que figura en escritura pública como valor de la operación”.

La petición es parte de una “propuesta de actuación” que figura en la parte final de este documento policial, fechado el 18 de febrero y que contiene ocho puntos que la Udef ve necesarios para seguir investigando los hechos de esta pieza separada del caso Campeón. En concreto, la Policía expone al juez “la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación” para “definir el papel de las personas y complementar el material existente”.

Subvenciones y préstamos “ilícitos”

Según el informe, los empresarios Jorge Dorribo, dueño de Laboratorios Nupel; Carlos Monjero y Javier Rodríguez, socios de Proitec Ingenieros, y José Antonio Orozco, vicepresidente de Transportes Azkar, “habrían establecido relaciones comerciales entre sí hasta el punto de crear sociedades en las que tendrían la consideración de socios”, en este caso Innovent Salud y la andorrana Salut D’Innovació. El gerente y responsable financiero de esta empresa, Xoán Manuel Bazarra, había sido anteriormente jefe de gabinete del exconsejero de la Xunta Fernando Blanco, otro de los implicados en el caso y que dimitió tras el estallido del escándalo. Con estas sociedades se querían llevar a cabo dos proyectos:

  • El de las unidosis, que consistía en la producción y comercialización de fármacos en este formato.
  • El Sigre, que implicaba la creación de “una plataforma logística de exportación de fármacos”.

Para estos negocios, los implicados “recibirían como fondos parte de unas subvenciones y préstamos obtenidos de manera ilícita (sic)”. El informe explica cómo el entramado, con un capital inicial que no supera los 250.000 euros, recibe subvenciones de diversos organismos por las “gestiones” políticas de José Blanco y del exdiputado autonómico del PP de Galicia Pablo Cobián, hasta un monto de 5,4 millones de euros.

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