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El Banco Popular frena la investigación del ‘pelotazo’ inmobiliario de los sobrinos del Rey

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 1 abril, 2013 at 11:07

EL JUEZ APERCIBE POR SEGUNDA VEZ A LA ENTIDAD BANCARIA

 

El Banco Popular frena la investigación del 'pelotazo' inmobiliario de los sobrinos del Rey

 

El Juzgado número 17 de Madrid ha apercibido por segunda vez al Banco Popular para que le remita de forma inmediata la documentación necesaria para concluir la investigación del pelotazo inmobiliario que permitió a los sobrinos del Rey Bruno Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo embolsarse una comisión de 1,5 millones de euros por la venta de un chalé propiedad del monarca y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas.

Bruno Gómez Acebo, sobrino del Rey, y Marcos Gómez Acebo, sobrino de la infanta Pilarse sentaron en el banquillo el pasado 8 de noviembre a raíz de su intermediación en la venta de una mansión propiedad de don Juan Carlos y sus hermanas a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), una cooperativa en quiebra e intervenida judicialmente que estafó a más de 1.200 familias madrileñas. La operación de compraventa se cerró en 2,7 millones de euros, por lo que la comisión percibida por los Gómez Acebo (1,5 millones) ascendió a un desorbitado 55%, cuando lo habitual es que el porcentaje de los intermediarios no supere el 5%.
Los síndicos de la quiebra, encargados de recuperar los casi 30 millones de euros estafados por CPV para repartirlos entre los acreedores de la sociedad, reclamaron a Bruno y Marcos Gómez Acebo que devuelvan la comisión y pasen a engrosar la lista de acreedores. Los familiares del Rey, sin embargo, se negaron a reintegrar los 1,5 millones cobrados, por lo que los síndicos presentaron contra ellos una demanda de retroacción.
La mansión, bautizada Villa Giralda en honor a la residencia que los padres del monarca, don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, ocuparon con sus hijos durante su exilio en Estoril (Portugal), fue vendida en febrero de 2002 por el Rey y sus hermanas a CPV por 2,7 millones de euros, que se repartieron los tres a partes iguales mediante otros tantos cheques al portador. El chalé, situado en la exclusiva urbanización madrileña Puerta de Hierro y hoy demolido, ocupaba una parcela de más de 4.200 metros cuadrados, y se componía de dos plantas, semisótano y casa de servicio.
Cheques al portador
La comisión que se embolsaron los Gómez Acebo se formalizó en cuatro pagos, dos de ellos mediante sendos cheques al portador del Banco Popular: 200.000 euros para Bruno y 250.000 euros para Marcos. El primero cobró, además, otros 636.000 euros a través de la empresa de la que es administrador único, Gómez Acebo Consultores Inmobiliarios S. L.; la sociedad del segundo, Gómez Acebo International Group, se llevó otros 407.000 euros. En total, CPV pagó 4,2 millones de euros por la operación inmobiliaria, comisión incluida.
El juez reclamó al Banco Popular que le revelara la identidad de las personas que cobraron los cheques al portador de CPV o, en caso contrario, los movimientos de la cuenta corriente en la que fueron ingresados. No hubo contestación. El titular del Juzgado de 1ª Instancia número 17 de Madrid envió recientemente un nuevo requerimiento a la entidad presidida por Ángel Ron para que le remita urgentemente la información solicitada, con apercibimiento de que obraría en consecuencia si volvía a dar la callada por respuesta. Pero el Banco Popular sigue refugiado en el silencio.
Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que los bancos, en general, son muy reacios a facilitar información de sus clientes, y suelen dar largas a los jueces para dilatar al máximo la entrega de documentación. En este caso, según las mismas fuentes, el juez sólo está a la espera de los datos reclamados al Banco Popular para dictar sentencia. El Confidencial se puso en contacto con la entidad bancaria para conocer las razones de esa dilación, pero no ha obtenido respuesta.
Precisamente la escritura de compraventa de Villa Giralda fue firmada, en representación del Rey y sus hermanas, por José Manuel Romero, conde de Fontao y consejero jurídico de don Juan Carlos, a quien los tres hermanos Borbón habían otorgado en 2001 los correspondientes poderes notariales. Romero, que recientemente declaró como testigo en el caso Nóos y que siempre ha actuado en la sombra, adquirió notoriedad pública el pasado año cuando este diario reveló su papel de intermediario entre el monarca y su yerno, supuestamente para que éste se desvinculase del Instituto Nóos.

 

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