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La responsabilidad penal del Rey

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 2 abril, 2013 at 10:25

La hipótesis de la abdicación de Don Juan Carlos plantea un agudo problema jurídico: ¿un ex rey sigue estando exento de responsabilidades ante los Tribunales? En España hay un vacío legal al respecto.

 

La responsabilidad penal del Rey

 

El artículo 56 de nuestra Constitución establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Ante una declaración tan terminante, los juristas se sitúan en dos posiciones. La primera entiende que esa cláusula implica que en ningún caso y bajo ningún concepto, ni en el orden penal ni en el civil, el Rey puede ser sujeto pasivo de responsabilidad alguna ante ningún Tribunal. Pero otra corriente afirma que esta exoneración legal del Rey se refiere a los actos que realice en tanto que jefe del Estado, no a sus actos privados. En efecto, no se puede sostener en el siglo XXI y en el constitucionalismo moderno que el Monarca puede matar, robar, asesinar o violar, por poner ejemplos límites, sin que eso se traduzca en responsabilidad, porque eso equivaldría a negar el propio Derecho Natural y lo que los juristas llaman la concepción integral del Ordenamiento Jurídico. Por eso se diferencia entre el Rey, como órgano del Estado, y la persona física que en un momento dado ostenta esa posición.

Un vacío legal

Ahora bien, en términos prácticos la pregunta es: ¿ante quién habría que presentar una querella por delitos graves presuntamente cometidos por Don Juan Carlos de Borbón como persona privada, y no como Rey? El problema es que carecemos de total regulación. La Ley orgánica que prevé la Constitución nunca se ha aprobado, por lo que tenemos un vacío normativo de suficiente envergadura como para sancionar de hecho la ausencia de responsabilidad penal de la persona física. Si se quisiera ejercer esa responsabilidad penal, las Cortes tendrían que autorizarla previamente aplicando analógicamente el supuesto de declaración de incapacidad del Rey. Por ello, con toda probabilidad, en vida de Don Juan Carlos el problema no pasará de ser un análisis propio de juristas.

Sin embargo, la posible abdicación del Rey variaría sustancialmente la cuestión. Porque el privilegio antes mencionado afecta al Rey, pero no al Rey que ha abdicado, pues esa figura jurídica no se contempla en nuestra Constitución. Dado el vacío normativo, se producirían legalmente dos efectos: primero, que el ex Rey, esto es, Don Juan Carlos, pasaría a ser responsable como cualquier otro ciudadano. El segundo efecto es que Don Juan Carlos carecería de fuero especial, porque la única mención que existe en nuestra legislación es la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le exonera de la obligación de declarar como testigo. Pero, aunque sea absurdo, no existe fuero especial para el Príncipe, las Infantas y menos para un Rey que ha abdicado. Eso podría generar una situación sumamente comprometida.

Por ejemplo, en el sumario del caso Urdangarín, ciertos correos aportados por el socio Torres vinculan, en mayor o menor grado, a la Casa Real y en concreto al Rey con ciertas decisiones de su yerno presuntamente delictivas. En el estado actual de la cuestión, citar al Rey a declarar es jurídica y políticamente impensable. Pero, ¿y si pierde la condición de exoneración de responsabilidad?

Lo mismo sucedería si en la estrategia de organizaciones políticamente extremas se formulara denuncia por cualesquiera hechos que afectaran a la persona de Don Juan Carlos. ¿Cubriría la exoneración de responsabilidad hechos del pasado? Los adoptados como Rey, refrendados legalmente, claro que sí –responden algunos juristas–, pero los penalmente punibles ejecutados por él como persona, por supuesto que no. A esos hechos les sería aplicable la prescripción en las mismas condiciones que a cualquier otro ciudadano.

Esta situación podría cambiar si, en el caso de que Don Juan Carlos abdicara, se aprobara una Ley Orgánica para extender al rey saliente la exoneración de responsabilidad. Pero jurídicamente sería muy discutible y acabaría en el Tribunal Constitucional, si no en instancias internacionales. Políticamente sería muy costosa porque equivaldría a enviar a la opinión pública un feo mensaje: estoy dispuesto a abdicar, pero sólo si sigo siendo irresponsable. El debate que todo esto generaría entre la clase política y la ciudadanía sería inasumible, máxime en medio de posturas secesionistas y republicanas como las que hoy conocen Cataluña y el País Vasco.

El runrún de la abdicación

Todos los observadores coinciden en que la temperatura en la Casa del Rey ha superado los límites acostumbrados. La acumulación de asuntos desagradables, desde el elefante de Botsuana hasta la aparición de Corinna, pasando por la efervescencia separatista en Cataluña y el País Vasco y, por supuesto, el ‘caso Urdangarín’, ha llevado a Don Juan Carlos a una situación sin apenas salidas.

Consta que desde el interior de la propia Familia Real hay fuertes presiones para que el Rey abdique y ceda el trono al Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. No es ningún secreto que la reina Sofía está en esa posición. Muy probablemente a eso apunta también la princesa Letizia. El reciente ejemplo holandés disparó todas las alarmas. A la opinión pública española le cuesta entender qué hay de malo en que un monarca de 75 años con evidentes problemas de salud ceda el testigo a un heredero de 45 años que, además, goza de muchas simpatías.

Sin embargo, el tejido político de la Corona parece tan débil que muchos ven desaconsejable el relevo. No es seguro que el capital de legitimidad del que se ha beneficiado el ‘juancarlismo’ vaya a pasar íntegro a su heredero. El difícil asunto de la exoneración penal del Rey agrava el paisaje. Y sin embargo, algún día tendrá que producirse el relevo. Por simple evolución natural.

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