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Botín forzó el despido de Sáenz para evitar que el BdE le quitara su pensionazo

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 24 mayo, 2013 at 8:49

LINDE SE NEGÓ A SALVAR LA HONORABILIDAD DEL BANQUERO

 

Botín forzó el despido de Sáenz para evitar que el BdE le quitara su pensionazo

 

La destitución de Alfredo Sáenz como consejero delegado del Santander no sólo estuvo motivada para dar una salida honrosa al ejecutivo una vez que el Banco de España estaba decidido a inhabilitarle. También hubo detrás una cuestión crematística: si Sáenz se hubiera ido por mandato del supervisor, el banco no habría podido pagarle su suculenta pensión (88,1 millones de euros) sin incurrir en responsabilidad social con posibles implicaciones penales. Este inconveniente se solventaba con la renuncia anticipada, que se formalizó el 29 de abril.

Según fuentes al tanto de lo sucedido en el banco, Emilio Botín tuvo noticias de queel Banco de España no iba a salvar al consejero delegado después de que el Supremo anulara el indulto que le concedió el Gobierno de Zapatero y a pesar delnuevo real decreto que permite que los condenados sigan ejerciendo cargos de responsabilidad en un banco. Inmediatamente, se puso en contacto con Economía en un último intento de salvar la situación, pero la respuesta fue que el Gobierno podía hablar con el supervisor, pero que no iba a oponerse a la decisión del gobernadorLuis Linde si esta era definitiva.
Pero el departamento de Luis de Guindos no sólo comunicó eso a Botín, sino que añadió que la inhabilitación era equivalente jurídicamente al despido procedente, por lo que el banco no podría pagarle la pensión a la que tenía derecho sin incurrir en responsabilidad penal. Un problema mayúsculo dada la cuantía del plan de jubilación de Sáenz, 88,1 millones, la segunda mayor pensión pagada en España por detrás de la de su antecesor en el cargo, Ángel Corcóstegui (que se llevó 108 millones).
En esa testitura, el presidente del Santander tocó a rebato y reunió al consejo para encontrar una solución. Sáenz había manifestado su deseo de abandonar el cargo ya cuando fue condenado en firme por el Supremo el 24 de febrero de 2011, pero Botín se negó en redondo: “Tú del banco te vas por la puerta grande, no por un tema judicial”, fuentes del Santander aseguran que le dijo entonces. De ahí que emprendiera la batalla que consiguió arrancar el indulto a Zapatero en su último Consejo de Ministros como presidente del Gobierno, y que el Gobierno de Rajoy aprobara el citado Decreto, mucho más laxo que los de otros países sobre los requisitos de honorabilidad sin que le obligara Bruselas a ello.
Ahora, ante la decisión del Banco de España, esta solicitud de dimisión volvía al primer plano, ya que tenía dos grandes ventajas: por un lado, le daba una salida honorable a Sáenz y le ahorraba el desdoro de ser inhabilitado por el Banco de España; por otro, esquivaba el espinoso asunto del pago de la pensión porque la dimisión no suponía ningún obstáculo para percibir esos derechos acumulados durante los años de ejercicio en el banco. Por tanto, la opción elegida por el consejo fue la renuncia al cargo antes de que el supervisor se pronunciara.

 
Sáenz, por delante de Goiri
Los 88,1 millones aparecen en la memoria del Santander correspondiente a 2012, y se sitúan muy por encima de los 25,5 que tiene acumulados en su plan de pensiones el propio Botín y de los 68,7 con que José Ignacio Goirigolzarri abandonó el cargo de consejero delegado de BBVA en 2009. Estos compromisos por jubilación complementan el sueldo percibido por Sáenz el año pasado, que se redujo un 29%, hasta 8,2 millones de euros. Un descenso que es consecuencia de que tanto Botín como Sáenz decidieron recortar su remuneración variable en un 50% ante la caída de beneficios del banco, el doble de la reducción aplicada a los consejeros ejecutivos.
Como es sabido, el Tribunal Supremo condenó a Sáenz en febrero de 2011 a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 cuando estaba al frente de Banesto. En diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió indultarle en su último Consejo de Ministros. Pero un accionista del Santander presentó un recurso contra esta decisión y el Alto Tribunal dictó una sentencia el pasado 12 de febrero en la que mantenía sus antecedentes penales, alegando que no puede ser objeto de indulto la aplicación de la normativa bancaria que prohíbe ejercer de responsable de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso. Dicha normativa (el Real Decreto 1245/1995) es la que ha sido modificada con la aprobación del nuevo Real Decreto 256/2013, que elimina la inhabilitación automática y deja en manos del Banco de España la decisión en función de una serie de criterios.

 

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