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El gobierno de Andalucía decomisa a Telefónica 5,3 millones por engañar con precios de Movistar Fusión

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 27 diciembre, 2016 at 19:00

Impone una multa de 830.000 euros a la compañía telefónica por “publicidad engañosa” y por no atender las advertencias en un expediente abierto en 2015

 

movistar-engana

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes una multa a Telefónica de 870.000 euros y el comiso de un beneficio ilícito de 5,36 millones. El origen de esta sanción se remonta a 2015, cuando la Junta abrió un expediente a la compañía telefónica tras varias denuncias de particulares por la “subida injustificada” de precios del producto Movistar Fusión.

En su reunión habitual de cada martes, el Gobierno de Susana Díaz ha resuelto de forma firme tres sanciones “muy graves” a Telefónica. Se multa por publicidad engañosa a la compañía con 350.000 euros. Por no atender a los requerimientos de la administración con 300.000 euros. Y por introducir “cláusulas abusivas” en los contratos en perjuicio de los usuarios con 220.000 euros.

 

El origen de esta multa está en varias reclamaciones realizadas ante la Junta en 2015 por la subida injustificada de las tarifas del producto Movistar Fusión, que funcionaba desde 2012. Telefónica realizó una gran campaña de publicidad, investigada por los servicios de consumo de la Junta en Huelva, en la que prometía “precios para siempre”.

El Gobierno andaluz resuelve en su expediente que Telefónica realizó publicidad engañosa, con la agravante de reiteración, e introdujo cláusulas abusivas en sus contratos prohibidas por ley. Son sanciones muy graves, explica la administración andaluza, porque se cometieron “de forma voluntaria y continuada”, “con una alta repercusión en el mercado” y afectando “a un gran número de personas”. Se castiga también el hecho de que la compañía cometiera las infracciones “valiéndose de su posición dominante en el sector”.

El sector de las telecomunicaciones, telefonía e internet, concentra el mayor número de quejas de los usuarios en Andalucía. Desde enero de 2015 se cuentan 9.845 reclamaciones, un 21% de las tramitadas (44.762) en materia de consumo.El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó que la multa y el comiso de los beneficios ilícitos de la compañía deben cobrarse de manera inmediata si bien Telefónica puede acudir a los tribunales contra este expediente sancionador. Asimismo los afectados que quieran recuperar su dinero deberán acudir a la justicia para reclamar las cantidades en las que se hayan visto afectados.

Cuatro millones de afectados

La asociación de consumidores Facua celebra que “por fin un gobierno autonómico haya decidido multar a Telefónica por este fraude masivo”, que afecta a unos 4 millones de clientes en toda España, pero critica el reducido importe de la sanción en relación a las cantidades cobradas fraudulentamente.

Según las estimaciones de la asociación, la compañía ha ingresado ya alrededor de 630 millones de euros extra con las sucesivas subidas de Movistar Fusión, de los que más de 110 millones provienen de usuarios andaluces, alrededor de 70 como consecuencia del primer incremento, el que ha sido objeto de sanción. Facua ha informado en un comunicado que reclamará a la Junta acceso al contenido del expediente sancionador y la posibilidad de recurrir su importe, al considerar que no se ajusta al beneficio ilícito obtenido por la compañía.

La asociación de consumidores ya emprendió acciones judiciales contra Telefónica para reclamar la devolución de las cantidades cobradas de más como consecuencia de las subidas. Más de 4.000 socios de Facua están personados en la causa, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid y cuya audiencia previa se celebrará el próximo 7 de marzo. Se trata del caso con mayor número de afectados en los tribunales por un presunto fraude en el sector de las telecomunicaciones. Si logra una sentencia favorable, el juez ordenará la anulación de las sucesivas subidas, de manera que la compañía tendría que volver a aplicar los precios vigentes antes de mayo de 2015 y devolver a los usuarios personados en la causa todo el dinero que les haya cobrado de más hasta la finalización del procedimiento.

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