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ESTA OSCURA PREDICCIÓN DE CARL SAGAN SE HIZO VIRAL POR UNA ESCALOFRIANTE RAZÓN

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 11:49

El cacique Bono coacciona a dos fotógrafos de ABC

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 11:24

Dos agentes de la Benemérita se presentaron en la vivienda de uno de ellos y preguntaron a los vecinos por él y su profesión. La policía a su servicio.

Una cámara de seguridad cerca de la casa de Bono

Una cámara de seguridad cerca de la casa de Bono

Esta imagen del chalé de José Bono fue tomada ayer lunes por dos fotógrafos de ABC, que se desplazaron hasta Olías del Rey en el coche de uno de ellos, para ilustrar la información que hoy publicamos sobre los escoltas del exministro de Defensa José Bono.

Alguien del equipo del exministro tomó la matrícula del vehículo e informó a la Guardia Civil. Pocas horas más tarde, dos agentes de la Benemérita se presentaron en la vivienda del reportero y preguntaron a los vecinos por él y su profesión, provocando la alarma. Dado que el fotógrafo no estaba en su casa, se quedaron esperando.

Ambos profesionales de ABC se limitaron a cumplir con su trabajo desde la vía pública, amparados en el escrupuloso ejercicio de su derecho a la información. Parece, sin embargo, que el exministro esté más habituado a otra manera de entender la libertad de expresión y la transparencia esperada de quienes han ejercido labores públicas. Es intolerable también que la Guardia Civil coaccione el libre ejercicio de la información obedeciendo órdenes de Bono.

Aunque el exministro y expresidente de Castilla La Mancha lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público.

El ex sociata Bono y sus privilegios: La Guardia Civil le ha pedido que renuncie a su vigilancia personal

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 11:21

Lleva seis años fuera de la política y la Benemérita custodia un chalé suyo en Toledo que está vacío. 

 

Imagen exterior del chalé de José Bono en Olías del Rey (Toledo)

Imagen exterior del chalé de José Bono en Olías del Rey (Toledo)

Aunque José Bono lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público.

Por un lado, el expresidente del Congreso de los Diputados continúa disfrutando de una escolta de la Policía Nacional, a la que están adscritos tres agentes de la plantilla de Toledo, a pesar de que ya no es un político en activo.

Además de encargarse de la «protección dinámica», esos policías también deben realizar las veces de conductores del coche en el que Bono viaje; por tanto, dos funciones en una sola persona: conductor y escolta.

Por otro lado, la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del chalé que Bono tiene en una urbanización de Olías del Rey, un municipio de 8.000 habitantes situado a diez kilómetros del casco viejo de la capital toledana. El Instituto Armado debe proteger la casa porque el inmueble se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil.

Pero el expresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha apenas visita la vivienda, que está vacía de moradores la mayoría de los días, aunque sigue contando con un circuito cerrado de televisión, además de una garita de vigilancia.

Durante su larga etapa política, era frecuente que agentes en vehículos de la Guardia Civil, patrullas o camuflados, se movieran por los alrededores del chalé. Asimismo, era imposible detenerse delante de la puerta de la casa sin que un agente saliera inmediatamente para indicar al conductor que no se podía estacionar en esa zona.

A lo largo de la fachada y del perímetro de la vivienda, hay pintada en el suelo una línea amarilla continua que prohíbe estacionar. Frente a la puerta de entrada, existe otra marca blanca continua sobre el pavimento y dos señales de prohibido aparcar y parar.

Capítulo aparte son las condiciones de esa garita, integrada en la fachada. Los guardias que prestan servicio, generalmente por la noche, no disponen de aire acondicionado, desmontado el pasado año por orden de Bono, con lo que en verano tienen que soportar temperaturas muy altas en su interior.

Los agentes afirman que han llegado a prestar servicio por encima de los 35 grados dentro de la garita, cuando la Ley de Riesgos Laborales establece máximas de 27 grados. Tampoco disponen de un frigorífico donde poder enfriar agua para sobrellevar los rigores del calor.

Si este trabajo ya es muy complicado durante el duro estío en Toledo, en invierno la cosa no mejora dentro de la garita. Para no pasar frío, los guardias están obligados a trabajar bien abrigados y a utilizar un calefactor de bajo consumo, ya que el expresidente del Congreso de los Diputados tiene muy restringida la potencia eléctrica en su casa y el interruptor diferencial salta cuando se supera el límite, lo que ha ocurrido con frecuencia.

«La garita es un horno en verano y un congelador en invierno, si estás sin el calefactor en marcha. Y todo porque Bono no quiere que se generen gastos de luz», afirma un agente que conoce la situación.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya denunció ante la Inspección de Trabajo algunas de esas «deplorables condiciones» el pasado verano, puesto que son «un auténtico desprecio hacia la dignidad de los agentes que cuidan de la seguridad de este privilegiado expolítico».

El Instituto Armado constató las deficiencias a través de la Unidad de Prevención de la Comandancia de Toledo, pero los agentes siguen pasando mucho calor en verano y frío en invierno.

Desde esta Comandancia se ha solicitado en varias ocasiones, sin éxito, retirar la protección a la vivienda, porque nadie vive de manera habitual en ella. También desde la AUGC han levantado en varias ocasiones la voz contra esos privilegios de Bono.

Según esta asociación, la escolta y la seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos dejan su puesto. En algunos casos, esas prerrogativas se prolongan hasta un año y medio. Sin embargo, con Bono es diferente, aunque no excepcional. «Es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo», aseguran desde la asociación.

La seguridad de la que Bono sigue disfrutando con cargo al Estado contrasta con los datos que AUGC ha facilitado en alguna ocasión: «Solamente en el periodo 2010-2012 la provincia de Toledo, donde tiene su domicilio José Bono, la Guardia Civil perdió 50 efectivos. Este dato lo conocemos gracias a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada en 2014».

Por la vía policial no ha sido posible retirarle la protección, de momento. Tampoco se ha conseguido por la senda política. Este mes de enero se cumple un año desde que el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, mostró en un pleno en las Cortes regionales un documento que certificaba la renuncia del expresidente José Bono a sus privilegios por su condición de exmandatario regional.

Pese a ese documento, Bono puede seguir disfrutando en la actualidad, si así lo desea, de dos secretarias, un coche oficial, un chófer y un despacho, ya que la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que el Gobierno de Bono aprobó en 2003 está sin modificar.

En octubre de 2015, hubo un intento por acabar con esos beneficios. Sin embargo, el PSOE no apoyó en las Cortes regionales las dos proposiciones de ley, del PP y de Podemos, en las que pedían un cambio en esa normativa para quitar privilegios a los expresidentes de la Junta. En estos momentos, solo Bono puede disfrutar de esas prerrogativas, ya que tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal renunciaron a ellas.

La sorpresa de un militar sevillano a su hija que revoluciona las redes sociales

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 11:09

El militar, que llevaba 2 meses destinado en Yibuti, decidió dar a su hija Paloma el mayor regalo que una niña puede recibir en su cumpleaños: reencontrarse con su padre.

 

 

El militar sevillano no dudó en meterse en el interior de una enorme caja de cartón, que estaba forrada con papel de regalo. En el momento de abrir el regalo, varios compañeros de la protagonista de este regalo se acercaron a la caja para curiosear mientras la niña abría su gran regalo con una enorme cara de satisfacción y alegría al ver a su padre de vuelta.

El vídeo ya ha tenido más de cinco millones y medio de reproducciones y se ha compartido casi 70.000 veces.

Pasteleo judicial: 1.000 folios y nueve meses de intolerable inseguridad jurídica

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 11:03

El derecho no es una ciencia exacta, pero la impartición de la justicia no es un jeroglífico sino la comprobación de que unos hechos probados están subsumidos en el tipo penal.

 

Las magistradas Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moya, durante la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos.

Las magistradas Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moya, durante la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos.

Tal día como hoy hace un año —31 de enero de 2016— dio comienzo en la Audiencia de Palma la vista oral del caso Nóos. En el banquillo, la infanta Cristina de Borbón, su marido, Iñaki Urdangarin, y 15 procesados más, entre ellos el exministro y expresidente balear Jaume Matas. El ministerio público solicitaba para el cuñado del Rey hasta 19 años y medio de prisión por la presunta comisión de nueve delitos. Pedro Horrach, fiscal anticorrupción, sin embargo, exculpaba de responsabilidad penal a su esposa. La acusación popularManos Limpias— le atribuía la comisión de un delito fiscal en grado de cooperación necesaria.

La instrucción del caso Nóos se prolongó durante más de cinco años (desde 2010) como una más de las 25 piezas separadas del macroproceso Palma Arena. Antes del juicio, el tribunal provincial resolvió las cuestiones previas (11 de enero de 2016) y la improcedencia de aplicar a Cristina de Borbón la exculpatoria ‘doctrina Botín’ (29 de enero de 2016) elaborada por la Sala Segunda del TS. La vista oral consumió 61 sesiones entre el 31 de enero y el 22 de junio del pasado año. Se realizaron todo tipo de pruebas y alegaciones. El fiscal mantuvo su acusación contra Urdangarin (habría desviado hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos, presidido por él, mediante acuerdos con las administraciones valenciana y balear) y la exculpación de la Infanta. Que sostuvo el sindicato Manos Limpias, cuyo responsable, Miguel Bernad, y el de Ausbanc, Luis Pineda, fueron a la cárcel en pleno desarrollo del juicio (abril de 2016) por presuntas prácticas mafiosas, entre ellas, la de chantajear con el ejercicio o retirada de la acción penal contra la infanta Cristina.

La calidad de la democracia no se contrasta solo con el funcionamiento del Gobierno, también con la confianza en los juzgados y tribunales ordinarios.

 

Sucintamente, estos son los datos más relevantes. Hoy, 31 de enero de 2017, la Audiencia Provincial de Palma no ha dictado sentencia. A un año del comienzo del juicio oral y a más de siete meses de que este se diese por concluido. La ponente de la resolución, la magistrada Samantha Romero, está “exenta de reparto” para redactar su propuesta de sentencia. No solo eso, sino que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Baleares le ha concedido una prórroga —la resolución debió estar lista en diciembre— hasta 31 de marzo para que siga con dedicación plena a este asunto sin que ello garantice que en esa fecha se haya dictado sentencia. O sea, que la decisión del tribunal podría demorarse meses más. Ante esta situación inédita, se aduce que la ponente y sus compañeras, las magistradas Eleonor Moyá y Rocío Martín, no logran ponerse de acuerdo.

Cierto es que el derecho no es una ciencia exacta, pero la impartición de la justicia no es un jeroglífico sino la comprobación de que los hechos están subsumidos en el tipo penal, que estos hechos están probados y que los magistrados, en conciencia, consideran que los autores de los mismos se condujeron con el dolo que exige su condena. O todo lo contrario, y deben ser absueltos. O condenados por unos delitos y absueltos por otros. Al parecer, la ponente ha elaborado un texto que va por los 1.000 folios, lo que es un atentado al sentido jurídico más común: como ejemplo, valga que la sentencia del 11-M se plasmó en 721 folios, la vista oral terminó el 3 de julio de 2007 y la resolución se dictó el 31 de octubre de ese año, es decir, en cuatro meses, mediando agosto. En esa ponencia, la Infanta resultaría absuelta gracias, entre otras razones, a la buena defensa de los abogados Miquel Roca, Jesús María Silva y Pau Molins, y el debate se referiría al alcance de los delitos cometidos por su marido. Informaciones solventes señalan que Urdangarin —y esta es la causa de la demora de la resolución— se sustraería a varias de las imputaciones del fiscal por la imposibilidad de la comisión de delitos que se denominan ‘de propia mano’, es decir, aquellos que solo podrían perpetrarse por funcionarios o cargos políticos, entre ellos el de prevaricación y el de malversación de caudales públicos.

Al parecer, la ponente Samantha Romero ha elaborado un texto que va por los 1.000 folios, lo que es un atentado al sentido jurídico más común

No porque en este procedimientos estén encausados la infanta Cristina y su marido clama menos al cielo la burda vulneración que la demora en sentenciarlo infringe al principio de seguridad jurídica, que es fundamental porque establece la certeza del derecho y la confianza en su aplicación. Aquí todo es incertidumbre y desconfianza, porque la justicia tardía es abusivamente agraviante hacia el justiciable, y provoca un recelo invencible porque supone que las magistradas discrepan de tal manera que impiden un funcionamiento mínimamente normal de la administración de la justicia. Se trata, simple y llanamente, de un desafuero, otro más, de la jurisdicción penal que hay que atribuir a su actual regulación, a los macroprocesos, a la falta de medios, pero también a jueces y magistrados que, disponiendo de todos los datos precisos, empeoran con insensibilidad la condición de los acusados con una dilación indebida e intolerable. Sin descartar que esté gravitando sobre el tribunal una no escasa presión ambiental.

Ignoro si este asunto —y otros, aunque son muy pocos con este registro de dilación— preocupa o no al Consejo General del Poder Judicial, pero debiera hacerlo. La calidad de la democracia no se contrasta solo con el funcionamiento de las instituciones representativas, el Gobierno central y los autonómicos. También, y muy especialmente, con la confianza en los juzgados y tribunales ordinarios, a los que la Constitución les encomienda juzgar y ejecutar lo juzgado (artículo 117 de la CE). De momento, la demora en sentenciar el caso Nóos —y no solo el caso como tal— ha pasado a constituir un reglón en el temario de Procesal en las facultades de Derecho de nuestro país. Y no hay que callarlo por el hecho de que perjudique injustamente a la infanta Cristina, a su marido y a 15 personas más. Por algo a la justicia se la representa estatuariamente con una figura de mujer con la balanza en la mano y los ojos vendados.

Trump cesa a la fiscal general por desafiar su veto migratorio: “Es muy débil”

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 10:58

El presidente de Estados Unidos también ha relevado de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés)

La hasta ahora fiscal general, Sally Yates.

     La hasta ahora fiscal general, Sally Yates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevó este lunes del cargo a la hasta ahora fiscal general, Sally Yates, después de que se negase a defender en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por la Casa Blanca el pasado viernes. “Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, apuntó la Casa Blanca en un comunicado.

Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions. Trump nombró como nuevo fiscal general en funciones a Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este de Virginia.

“Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país“, agregó la Casa Blanca. En el comunicado, la Casa Blanca también calificó a Yates como “débil” en lo que a seguridad fronteriza se refiere y “muy débil” frente a la inmigración ilegal.

En una carta enviada a los abogados y fiscales del Departamento de Justicia, Yates dijo no estar “convencida” de que la orden ejecutiva de Trump fuese “legal” por lo que les ordenaba no defenderla frente a las demandas interpuestas contra ella. Boente, el nuevo fiscal general en funciones, se declaró “honrado” de servir a Trump hasta que Sessions sea confirmado. “Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos”, agregó.

Despide al director del Servicio de Inmigración

Donald Trump también relevó este lunes de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Daniel Ragsdale. Trump puso como nuevo director en funciones a Thomas Homan, que desde 2013 estaba al frente de la división del ICE encargada de las deportaciones, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el comunicado, el DHS no especificó los motivos de un relevo que llegó apenas una hora después de la destitución de la fiscal general en funciones, Sally Yates, que se había negado a defender ante los tribunales el veto de Trump a inmigrantes y refugiados. Ragsdale estaba al frente del ICE desde junio de 2012, cuando el expresidente Barack Obama lo puso en el cargo.

Con cerca de 2.750.000 deportados, Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha expulsado del país en la historia de Estados Unidos. Recientemente Trump anunció la contratación de 10.000 nuevos agentes para el ICE, una agencia que en la actualidad cuenta con cerca de 20.000, 6.000 de ellos dedicados a las deportaciones.

¡Cuidado Donalsito!: Cantinflas cruza tu “muro”

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 31 enero, 2017 at 10:54

No creo que el “loco de la Casa Blanca” lo entienda, pero seguro que ustedes si.

 

 

 

Fiscales de 16 estados condenan la orden ejecutiva de Trump por “inconstitucional y antiestadounidense”

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 30 enero, 2017 at 20:22

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Los fiscales generales de 16 estados norteamericanos han emitido una declaración conjunta en la que condenan la orden ejecutiva que prohíbe el ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

“Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump”, señalan los fiscales firmantes, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania. Los fiscales aseguran que van a “trabajar juntos para garantizar que el Gobierno federal obedece la Constitución, respeta nuestra historia como nación de inmigrantes y no ataca ilegalmente a nadie por su país de origen o su religión”. Así, defienden que la “libertad religiosa ha sido y siempre será el principio fundacional de nuestro país y ningún presidente puede cambiar esa verdad”.

La declaración “aplaude” la decisión de varios tribunales federales que han paralizado la aplicación de la orden ejecutiva y anuncian que utilizarán “todas las herramientas de nuestros cargos para combatir esta orden inconstitucional”. “Confiamos en que la orden ejecutiva será en última instancia derogada por los tribunales. Mientras, vamos a trabajar para garantizar que la menor cantidad de personas posible sufra la caótica situación que ha creado”, concluye el texto.
El decreto presidencial suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.

La juez que puso la primera zancadilla al presidente Trump

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 30 enero, 2017 at 18:35

Ann Donnelly dirigió como fiscal la investigación de uno de los fraudes contables más sonados en Wall Street

Ann Donnelly, juez del Distrito Sur en Brooklyn

Ann Donnelly, juez del Distrito Sur en Brooklyn

 

Como la gran mayoría de los que residen en la ciudad de los rascacielos, Ann Donnelly es de fuera. Exactamente de Royal Oak, una pequeña localidad que no llega a los 60.000 habitantes en Michigan. El barrio de Brooklyn, donde ejerce desde hace algo más de un año como juez en la corte del Distrito Sur de Nueva York, suma 2,6 millones habitantes.

El sábado puso el primer palo legal a la política migratoria del presidente de Estados Unidos.

La zancadilla de la juez neoyorquina fue seguida por una quincena de jueces y fiscales en todo el país, que con su ejemplo adoptaron órdenes de emergencia similares para limitar la aplicación de la orden ejecutiva de Donald Trump. En algunos casos, como el de Boston, se prohibió la detención de personas con permiso de residencia o visado en regla. Otros, como el de Alexandria, exigen que se facilite el acceso de los afectados a asistencia legal.

Donnelly, que según su biografía oficial estudió derecho en las universidades de Michigan y Ohio, ocupa el cargo de juez federal desde finales de octubre de 2015. Tuvo que esperar diez meses desde que fue nominada por el ex presidente demócrata Barack Obama hasta poder conseguir la confirmación del Senado. Su carrera es el ejemplo de cómo se puede escalar, hasta el punto de llegar desafiar a la persona más poderosa del mundo.

Trabajó durante 25 años como fiscal para Robert Morgenthau en el Distrito de Manhattan. En esa etapa se especializó en perseguir crímenes violentos, conforme iba creciendo su reputación. En 2005 se puso al frente de la oficina del fiscal que persigue en la ciudad de Nueva York los casos de abusos a menores. Su nombre saltó a los titulares cuando lideró el equipo de fiscales que investigó el fraude contable de Dennis Kozlowski en Tyco.

Fue un caso de gran complejidad y que fue clave para perseguir los delitos de guante blanco que mancharon Wall Street tras el estallido de la burbuja tecnológica. Kozlowski utilizó 100 millones de dólares de la compañía para su beneficio personal, con fiestas de cumpleaños millonarias. Antes de asumir el cargo de juez federal, sirvió durante seis años como magistrada estatal. También presidió juicios ficticios para ayudar a formar a los abogados.

Los que la conocen la consideran una persona astuta, con compasión, justa y con un temperamento abierto. Se puede ver en su orden, cuando describe que el decreto de Donald Trump puede ocasionar “un daño irreparable” a los deportados. Y como demostró en la causa contra Kozlowski, no se deja amedrentar la atención pública. Como ella mismo dice, “rompe camino mientras corre”.

Donnelly, de 57 años, está casada y tiene dos hijas. El senador neoyorquino Charles Schumer, líder de los demócratas en la cámara legislativa, es amigo personal de la juez de cuando sus hijas jugaban juntas al baloncesto en St. Savior. Fue, de hecho, el que hizo la recomendación en la audiencia para su nominación. El Senado acabó respaldando su nominación con 95 votos a favor y dos en contra.

La corte de Brooklyn es, además, una de las más poderosas en el sistema judicial estadounidense a la hora de hacer que se respectan los principios de la Constitución. Está integrada por una treintena de jueces y 17 de jueces magistrados. El asiento que ocupa en la magistratura fue creado en 1978. Cuatro décadas después, Donnelly manda el mensaje Trump de que la justicia vigila sus movimientos.

Grandes multinacionales toman medidas contra la política migratoria de Trump

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 30 enero, 2017 at 18:29

Starbucks contratará a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años

 

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El polémico decreto ley firmado por Trump que suspende la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista —Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán— ha desatado medidas entre algunas de las grandes empresas multinacionales.

Starbucks, Google, Viber o Airbnb son algunas de las que ya han anunciado su rechazo a estas medidas del nuevo presidente de Estados Unidos. La cadena de cafés, por ejemplo, ha anunciado que contratará a a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años, mientras que la plataforma de alquileres ha anunciado que porporcionará viviendas gratuitas a aquellos refugiados que lo necesiten.

 

El correo ha sido compartido por Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien también es originario de la India, mientras que algo parecida ocurre con Apple. Esta ha asegurado que prestarán asistencia legal a aquellos empleados que se vean afectados, al mismo tiempo que ha recordado la importancia de la inmigración, en el origen de Estados Unidos y de la propia Apple, siendo el mismo cofundador, Steve Jobs, hijo de inmigrantes sirios.

La empresa de mensajería instantánea Viber se ha sumado a estas iniciativas. En este caso, la compañía ofrecerá llamadas gratuitas desde EE.UU. a los siete países afectados por el veto. Hiroshi Mikitani, director general de la multinacional japonesa Rakuten —propietaria de Viber—, ha expresado además su tristeza por la la medida: «Está mal, como seres humanos, discriminar uniformemente basándose en religión o nacionalidad».

Irak prepara una respuesta a Trump que impediría la entrada de militares de EEUU al país

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 30 enero, 2017 at 18:24
Soldados de las fuerzas de elite iraquíes en las calles de Mosul

Soldados de las fuerzas de elite iraquíes en las calles de Mosul

 

¿Y si la guerra contra el autodenominado Estado Islámico se viera afectada por el decreto anti inmigración de Donald Trump? Parlamentarios iraquíes han exigido a su Gobierno que impulse una medida recíproca a la lanzada por el nuevo presidente de Estados Unidos, que este fin de semana firmó un decreto que impide la entrada durante 90 días a territorio estadounidense a los nacidos en seis países musulmanes: Irán, Irak, Yemen, Somalia, Sudán y Libia… además de una prohibición indefinida para los sirios. Si finalmente, la Cámara de Bagdad aprueba dicha iniciativa, no podrían entrar en Irak ni siquiera los militares que Washington envía para asesorar e instruir al Ejército iraquí en su lucha contra los terroristas yihadistas.

Por ahora, el ministerio de Relaciones Exteriores iraquí ha pedido este lunes a EEUU que revise su decisión de suspender la entrada de ciudadanos iraquíes a territorio estadounidense, calificándola de “errónea”.

El decreto estadounidense ha provocado una reacción vía comunicado del Ministerio iraquí: “Consideramos indispensable que la nueva administración estadounidense reconsidere esta decisión errónea”, señala. “Es una desgracia que esta decisión haya sido tomada contra un país aliado, vinculado a Estados Unidos por una asociación estratégica”, agrega el ministerio.

El decreto estadounidense “coincide con las victorias obtenidas por los valientes combatientes [iraquíes] con el apoyo de la coalición internacional antiyihadista”, dirigida por Washington, contra el terrorismo de Estado Islámico (ISIS) en Mosul, subraya el ministerio.

Las fuerzas iraquíes lanzaron a partir del 17 de octubre una vasta ofensiva para desalojar a los yihadistas del EI de la segunda ciudad de Irak. De hecho, este país es blanco de numerosos atentados yihadistas.

Muchos ciudadanos de los siete países concernidos por la medida de la administración Trump han sido retenidos en los aeropuertos estadounidenses a su llegada, o se les ha impedido embarcar hacia ese destino desde otros países, suscitando vivas protestas y la condena de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Además, los iraquíes no apreciaron para nada las declaraciones de Trump en las que afirmaba que Estados Unidos tendría que haber robado el petróleo iraquí antes de retirar sus tropas de este país en 2011.

Uno de los dos atacantes de la mezquita de Quebec llamó a la policía para pedir que lo detuvieran

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 30 enero, 2017 at 18:22
La policía de Quebec, ante la mezquita donde se ha producido el atentado.

La policía de Quebec, ante la mezquita donde se ha producido el atentado.

 

Uno de los dos presuntos autores del tiroteo que el domingo dejó seis muertos y ocho heridos en una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec llamó a la Policía para entregarse, según ha informado este lunes el inspector Denis Turcotte. El hombre, que tiene entre 20 y 30 años, llamó al número de emergencias a las 20.10 hora local (02.10 hora peninsular española), unos 15 minutos después del ataque, explicó el inspector.

El primer sospechoso ya había sido detenido y el segundo indicó por teléfono dónde estaba. Los medios locales identificaron a los sospechosos, que se llamarían Alexandre Bissonnette y Mohamed Khadir –el segundo presuntamente de origen marroquí–. La Policía no quiso confirmar sus identidades, limitándose a mencionar su nacionalidad canadiense.

Las primeras llamadas que indicaban que había habido disparos en el Centro Cultural Islámico de Quebec fueron recibidos en el número de emergencias de la Policía a las 19.55 hora local (01.55 hora peninsular española). La Policía llegó al lugar algunos minutos después y detuvo a uno de los presuntos autores en las afueras de la mezquita.

Hacias las 20.10 el segundo sospechoso llamó al mismo número “para hablar de su acto”, explicó Denis Turcotte. “Dijo que estaba involucrado en el episodio”, explicó Martin Plante, oficial de la Gendarmería de Canadá (Policía Federal).

Las autoridades no explicaron si el joven lamentaba su conducta o esgrimió algún motivo para hacerlo. El sospechoso dijo a los policías que había estacionado su vehículo a unos 20 km de allí y que los agentes lo podían detener, contó Turcotte.

 

De los ocho heridos que dejó el ataque, cinco siguen en estado crítico, puntualizó Geneviève Dupuis, portavoz del Centro Hospitalario de Quebec.