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La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa a favor de los Pujol

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 4 enero, 2017 at 11:42

La Policía señala que Juan Costa, secretario de Estado de Comercio, y José Manuel Fernández Norniella hicieron gestiones en 2001 para que organismos públicos financiaran proyectos amañados en África de la familia del ex ‘president’

 

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La Policía Judicial acusa a altos cargos del PP de «presionar en La Moncloa» para conseguir financiación pública a la familia Pujol, con la que desarrollarían posteriormente contratos de obras de ingeniería amañados en países africanos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa, del que penden las entidades Ibacafé, Ibadesa Exportaciones y Servicios e Ibadesa Cat, ha sido utilizado durante los últimos años «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.

Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que «concedía» a las sociedades de la trama Pujol «créditos previos para financiar proyectos».

En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero de CiU Felip Puig.

Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones dinamizadoras de Jordi Pujol Ferrusola incluían en este caso ‘trámites’ que se hicieron ante el Gobierno de España, personificadas en el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa Climent, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero que desempeñó el mismo puesto con anterioridad que Juan Costa, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes».

La Policía recalca que tiene «constancia de todo esto claramente» gracias a los archivos informáticos de la empresa Ibadesa que obran en su poder. En ellos «se ubican las distintas cartas a firmar por los ministros africanos para ser dirigidas a Juan Costa», abunda.

«Por tanto», añade la Policía Judicial, «como consecuencia directa e inmediata, se puede establecer una conexión directa y evidente entre las comisiones obtenidas por Jordi Pujol con dinero procedente de España que financiaría estos proyectos».

En esta misma línea agrega la Udef que «no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en ‘La Moncloa’». Éstas «corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones».

«Finalmente», continúa la Policía, «cuando con el devenir del tiempo las gestiones fructifican, consiguiendo sacar adelante sus pretensiones empresariales, no queda sino repartir las comisiones devengadas».

La Udef resalta que a la hora de repartir el dinero se articularon «claras relaciones triangulares entre las distintas mercantiles». Así, «algunas sociedades ejercerían fundamentalmente como instrumentales personalistas». Es el caso de «Iniciatives, Marketing i Inversions para Jordi Pujol Ferrusola y de Ascot Inversions para Jordi Puig Godés, utilizadas para lucrarse personalmente».

«No obstante», añade la Udef, «los ingresos en muchos casos provienen de otras como Ibadesa Cat, que a su vez en su mayor parte obtiene sus partidas de Ibadesa».

La Policía recuerda que «una de las cuestiones que se dirime en el procedimiento» del denominado caso Pujol «consiste en discernir si las cuantiosas comisiones que son percibidas por Jordi Pujol Ferrusola a través de sus sociedades instrumentales, amparadas en negocios internacionales en países extranjeros, tienen un fondo sustancial, en cuanto a la realización efectiva de tareas que generen valor añadido alguno».

«En virtud de la documentación facilitada, se encuentran diversos archivos que hacen referencia a negocios en países como Gabón y Marruecos en los que Jordi Puig, Jordi Pujol y José Herrero de Egaña López del Hierro, participarían desarrollando diversos proyectos de inversión para multinacionales españolas como el grupo Isolux», se responde la propia Policía.

No obstante, y a pesar de la existencia de los proyectos en cuestión, «llama poderosamente la atención que empresas internacionales con unos recursos humanos y materiales tan importantes, requieran de asesoramiento de ciudadanos españoles para que se les adjudiquen proyectos en el exterior».

«Especialmente», incide la Udef, «cuando estos, como es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés, carecen de la formación necesaria en materia de ingeniería o arquitectura civil de cualquier tipo».

Por todo ello consideran los investigadores que este entramado societario se dedicó a la materialización de «actos de corrupción en el comercio internacional para conseguir los fines societarios».

Como ejemplo del modus operandi de la trama, la Policía resalta dos cartas dirigidas por Pujol y Puig a Josep Duró, uno de sus contactos en Gabón, en 2001.

En ellas planteaban abiertamente la posibilidad de comprar el título de cónsul del país africano en Barcelona para facilitar sus negocios: «Te informo que [el cónsul] tiene la intención de vender el título o cargo por la cifra de 17 millones de pesetas. Plantea un adelanto a fondo perdido de 5 millones para hacer gestiones y pasar la cartera de asuntos al posible interesado […] ¿Crees que es interesante en base a los proyectos que podemos hacer conjuntamente?».

«Se infiere que pagarían por ostentar un cargo de representación pública que entendemos no admite compraventa y que se hicieron las gestiones necesarias para evitar la libre concurrencia en concursos públicos del país africano», apostilla la Policía Judicial. «De hecho, constan varias misivas a ministros del país africano en las que se insta a que vayan a Barcelona».

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