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La mafia catalana: Puig propició desde la Generalitat el enriquecimiento de los Pujol

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 9 enero, 2017 at 12:05

La Policía sostiene que el ex ‘conseller facilitó un negocio de 5 millones a Jordi Pujol Jr. con un vertedero cuando estaba al frente de Medio Ambiente

 

Mafiosos nazionalistas catalanes

        Mafiosos nazionalistas catalanes

La Policía Judicial sitúa al ex conseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig como una pieza clave en la trama de corrupción de la familia Pujol. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene ante la Audiencia Nacional que quien fuera hombre de confianza de los ex presidentes autonómicos catalanes Jordi Pujol y Artur Mas favoreció los intereses del hijo del primero desde la Generalitat hasta el punto de propiciar un pelotazo de cinco millones de euros con un vertedero en la localidad tarraconense de Tivissa.

Los investigadores consideran en dos de los últimos informes que han aportado ante el Juzgado de Instrucción número 5 que instruye el denominado caso Pujol y que han sido desvelados en exclusiva por EL MUNDO, que el clan catalán «influyó de forma clara» sobre Puig. Todo ello con el objetivo de que propiciara el negocio de Pujol Jr. con el referido vertedero.

Tal y como ya descubrió este periódico hace dos años, el primogénito del clan catalán obtuvo una espectacular plusvalía con la compraventa de esta instalación, que contó con la autorización administrativa del Gobierno catalán. Según precisa ahora la Udef, Pujol Ferrusola invirtió «como mucho» en el vertedero tarraconense 284.479,26 euros y obtuvo a cambio 5.298.921 euros en el año 2004.

A juicio de la Policía, esta operación presenta «unos rasgos extraordinariamente singulares, con varias connotaciones criminales». Los investigadores han constatado que quien adquirió el vertedero en el que había invertido Pujol Jr. fue la constructora FCC, contratista de la Generalitat catalana.

Una vez acreditado el espectacular beneficio obtenido por Pujol Ferrusola con este negocio, que dependía de las autorizaciones del Gobierno catalán, la Udef señala directamente al cargo público que lo tramitó. Máxime teniendo en cuenta «la existencia de una resolución del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña de fecha 21 de octubre de 2002 en la que se otorga autorización ambiental al proyecto de construcción de un complejo de tratamiento de residuos en el término municipal de Tivissa, que se confirmó que era la operación que estaba detrás de todo el entramado».

«Resulta a todas luces evidente que la tramitación de una licencia de ese tipo debiera llevar un procedimiento que presentara cierta dilación temporal, con plazos ampliables en función de que distintas instancias presenten sus informes favorables», prosigue la Udef. «Dado lo cual, si bien la licencia final se concedió en octubre de 2002, el trecho recorrido en distintas instancias por el trámite administrativo habría comenzado antes», zanjan los investigadores policiales.

Llegados a este punto, la Policía Judicial considera que «ahora sólo faltaría por conocer sobre quién se ejerció la influencia, una cuestión que en otros casos simplemente se presume, pero que en este quedaría muy claro, a tenor de quién ostentaba el puesto de consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña». La Policía Judicial no tiene dudas: «Surgiendo de consulta a fuentes públicas que desde el 30 de noviembre de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2001 su máximo responsable fue Felip Puig Godés, hermano de Jordi Puig, máxima autoridad pública a cuyo criterio se sometieron los trámites iniciales del vertedero».

LOS SEÑALADOS POR LA UDEF

La Policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional varios informes acerca del origen de la fortuna de los Pujol. Introduce en ellos grandes novedades que dan un vuelco a la investigación.

  • ¿Cuántos informes hay? La Policía ha aportado durante los últimos meses tres informes que han sido desvelados por EL MUNDO durante las últimas semanas. En ellos la Udef ha puesto encima de la mesa documentación hasta ahora inédita y profundiza en la investigación por corrupción y blanqueo.
  • ¿Por qué arremete la Udef contra ex altos cargos ‘populares’? Revela que el clan catalán ha llevado a cabo proyectos financiados con dinero público de organismos estatales y señala que los ex secretarios de Estado Juan Costa y José Manuel Fernández Norniella ayudaron a la familia.
  • ¿Por qué implica a Ignacio López del Hierro en la trama? La Udef sitúa al marido de María Dolores de Cospedal en la «estructura societaria para delinquir» de la familia Pujol. López del Hierro estuvo ocho años en la sociedad Ibadesa Cat, del primogénito del ex presidente. Él dice que lo hizo «a título testimonial». La Policía no le cree y destaca que su papel fue activo.

Resalta la Udef que «en el periodo que se desarrollaban los hechos enunciados, Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés -hermano de Felip Puig- compartían el despacho de la calle Ganduxer, además de tener negocios e inversiones conjuntas, como las auspiciadas a través de las sociedades Iberoamericana Business and Marketing e Ibadesa Cat, existiendo además flujos de capitales entre ambos utilizando sus respectivas sociedades instrumentales, IMISA y ASCOT Inversiones».

Junto a esta operación, y «sin estar directamente relacionado con el acto jurídico» mencionado -que «ineludiblemente interpretamos que Jordi Pujol Ferrusola coadyuvó a aprobar (la tramitación del expediente del vertedero de Tivissa)- introducimos como dato relevante y esclarecedor un correo electrónico».

En él «aparecen como interlocutores Jordi Pujol Ferrusola y Josep Mayola», socio del primero en los negocios de vertederos en Cataluña. Se refiere «precisamente a otro vertedero que tiene problemas judiciales y en cuanto al tema de residuos le dice Pujol Ferrusola a Mayola: ‘Si vamos al Consejo Comarcal, como CiU tenemos más fuerza y así iría más rápido’».

Este modus operandi deja «meridianamente claro» para la Udef «qué tipo de gestiones y asesoramiento ejercía Pujol Ferrusola, directamente relacionados con la presión política y ése era el motivo por el que cobraba sus comisiones».

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