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El exjefe de la Udyco dice que fue destituido por no tapar al hijo de Chaves

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 22 marzo, 2012 at 12:19

El exmando policial asegura que la investigación sobre el hijo del dirigente socialista fue boicoteada desde dentro hasta quedar bloqueada.

 

En un escrito confidencial que forma parte de una investigación interna, el exjefe de la Udyco de Sevilla, Francisco R.B. afirma que la investigación policial por el robo de documentos mercantiles a Iván Chaves fue boicoteada desde desde la propia Policía, tal y como informa El Mundo.

En este sentido, habría recibido órdenes para hacer una “faena de aliño” y tapar al hijo de Manuel Chaves. Al no hacerlo y seguir investigando fue destituido de su cargo policial. Además, su cese se produjo después de que cerrase la primera fase de otra investigación que destapó un fraude de 25 millones en el Plan Bahía Competitiva de Cádiz que implicaba a varios dirigentes socialistas.

Según la versión de este inspector jefe se produjeron numerosas irregularidades durante el transcurso de la investigación que él dirigió sobre el robo de documentos a Iván Chaves. La primera de ellas fue, a su juicio, la decisión de la Jefatura Superior de Sevilla de apartar de la investigación a la comisaría de Nervión donde se interpuso la denuncia. El caso se asignó al Grupo de Blanqueo de la Udyco.

Ahí, dice, habrían empezado las “injerencias” nada veladas procedentes principalmente del comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial, Manuel Piedrabuena. En su escrito, el exjefe de la Udyco en Sevilla llega a asegurar que Piedrabuena le ordenó que “se hiciera una faena de aliño con el asunto” sin profundizar en los aspectos escabrosos de la investigación al hijo de Chaves.

De este modo, el comisario Piedrabuena habría controlado cada paso que daban los agentes y exigía constantemente notas informativas. De hecho, dio órdenes de que se le contase cada gestión que se hiciera. De ahí su enfado cuando Iván Chaves fue citado para tomarle declaración sin que el comisario lo supiera.

Este hecho provocó que el inspector jefe Francisco R.B. fuese llamado al orden y se le recordase la “consigna” de “no ahondar” en los hechos. Añade además en el escrito interno que Piedrabuena le exigió que anulase la citación. Finalmente, fue suspendida porque “la superioridad” instó a hacerlo directamente al grupo encargado del caso.

A partir de ese momento se multiplicaron los “impedimentos y cortapisas” a la investigación hasta no llegar ni a hacerse una inspección ocular del despacho en el que Iván Chaves afirmó que le habían robado los contratos.

Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz

In Política, Crisis, Ciudadanía, Críticas, Comentarios on 14 marzo, 2012 at 12:14

La resolución fue aprobada en 2008 por el Consejo de Gobierno que entonces presidía Manuel Chaves. La Guardia Civil investiga este programa por el desvío de dinero a paraísos fiscales

 

Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, firmó de su puño y letra una modificación de los presupuestos andaluces de 2008 destinada a incrementar la partida 31L —que figuraba como «Administración de las relaciones laborales» y que el director de Trabajo ahora encarcelado, Francisco Javier Guerrero, bautizó como «fondo de reptiles»—, con el objeto de financiar el plan Bahía Competitiva. Este plan fue diseñado para promover el desarrollo empresarial en esa zona de Cádiz y está siendo investigado por la Policía ante los indicios de desvío de dinero a fondos bursátiles y a paraísos fiscales.

Griñán firmó la resolución el 16 de diciembre de 2008, cuando era vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Fue aprobada seis días después en el Consejo de Gobierno, presidido entonces por Manuel Chaves.

La modificación presupuestaria consiste en dar de baja diversas cantidades de la partida 32H, cuya finalidad era «Planificación para el empleo», por un importe total de 1.253.853,89 euros, y transferir este importe a la citada partida 31L para «atender y complementar las necesidades de las empresas afectadas en el marco de actuaciones del Plan de la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz (Bahía Competitiva)».

La orden de modificación presupuestaria especifica que el destino del dinero es «ayudas destinadas a prejubilaciones, proyectos de viabilidad, incentivación y consolidación económica de las pequeñas y medianas empresas para el mantenimiento de empleo y el desarrollo de acciones de adquisición de competencias profesionales a los trabajadores mayores de 53 años, con dificultades de inserción en el mercado laboral».

Asimismo, recoge que los fondos serán gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la empresa pública perteneciente a la Consejería andaluza de Economía e Innovación que también gestionaba las ayudas a empresas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos. Según sostiene la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la asignación de estas competencias a dicha empresa pública tendría como finalidad eludir los controles administrativos y la fiscalización a la que está sometida la Consejería y que no se aplican a IDEA. El plan Bahía Competitiva era un ambicioso proyecto creado en 2007 y financiado a partes iguales por la Junta de Andalucía y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —cada administración aportó 47 millones de euros—. Su objetivo era reindustrializar la provincia gaditana.

Sin embargo, la Policía detectó que unos 27 millones de euros fueron a parar a un conglomerado de sociedades vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma e inviables radicados en direcciones falsas. Para acreditar su solvencia, presentaban certificados bancarios, facturas o contratos falsos, que pasaron sin dificultad los controles de la comisión integrada por el Ministerio, la Junta y la Diputación de Cádiz.

El control por el PSOE de este costoso plan de empleo era evidente. El responsable político del mismo era Antonio Perales, integrante del influyente «clan de Alcalá» gaditano y hermano del fallecido Alfonso Perales, que fuera consejero de la Junta. Asimismo, la nuera de Luis Pizarro —exsecretario de Organización del PSOE andaluz, exconsejero de Gobernación y Justicia y número uno socialista por Cádiz en las elecciones del día 25—, Gema Herrera, evaluaba las ayudas dispuestas en el plan.

Subvenciones arbitrarias

En este sentido, ABC denunció ayer que la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, daba instrucciones para manejar a su antojo el destino de las subvenciones, alterando los baremos para incrementar o disminuir los fondos asignados en función de sus intereses. Así, este periódico reprodujo un correo electrónico interno de una directiva de IDEA a Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) —organismo dependiente de la Diputación de Cádiz que gestionaba las ayudas— en el que se daban instrucciones concretas para modificar las cantidades otorgadas sin informes técnicos.

Ayer, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, declaró que «el fraude que se haya podido cometer se ha detectado gracias a los controles exhaustivos de la Junta». Añadió que «si hay alguna empresa que haya hecho un mal uso de los fondos públicos se denuncia y se busca el reintegro. Aquí —subrayó— no hay nada más, salvo la manipulación del PP».