A mamar que son dos días: Elena Salgado ficha como consejera de la distribuidora de Endesa en Chile

¿Qué puede aportar esta individua que colaboró en la ruina de España salvo que le estén pagando favores?

 

La sociedad a través de la que Endesa articula buena parte de su actividad en Sudamérica, Enersis, va a proponer a la exministra de Economía Elena Salgado como consejera de su filial chilena Chilectra, indicaron fuentes de la eléctrica.

La filial de Enersis ha mostrado su interés por contar con Salgado y lo hará siempre y cuando se cumpla lo establecido en los regímenes de incompatibilidades asociados a la responsabilidad públicas desempeñada por la exministra, quien dejó el cargo hace apenas tres meses.

De esta forma, Endesa refuerza su equipo de asesores internacionales con otro político de peso, tras incorporar el año pasado al expresidente del Gobierno José María Aznar como consultor.

Los exaltos cargos del Gobierno tienen prohibido trabajar durante dos años tras el abandono del puesto en una empresa privada, y durante este periodo reciben el 80% de la retribución. Dado que Chilectra se encuentra radicada fuera de España, resulta más probable que el Gobierno conceda el permiso a Salgado para desempeñar el cargo de consejera de la sociedad.

El legado de Zapatero (III): Del pleno empleo a la cola de Europa.

Aunque el presidente  del Gobierno no se permitió ayer ni un minuto para la añoranza, la realidad es que deja a España inmersa en una de las peores crisis económicas que se recuerdan, con casi cinco millones de parados. Lejos quedan ya los comienzos de su primer mandato, en el que colocó al frente del grupo parlamentario socialista a Alfredo Pérez Rubalcaba, cómplice y copartícipe todos estos años de su política. El inicio de su segunda legislatura no fue peor, aunque los nubarrones económicos ya se divisaban en el horizonte, después de años de bonanza y de haber heredado un país con una tasa de paro del 8% y, por ende, cercana al pleno empleo. Pese a ello, negó la evidencia y se deshizo de Pedro Solbes, el hombre que puso los mimbres de la recuperación en la anterior crisis, según reconoce el propio Rodrigo Rato. 

Pero la recesión le despertó de un zarpazo y le hizo abandonar su optimismo antropológico. En una cuneta se quedaron sus compromisos de izquierdas. Forzado por Bruselas, José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado en mayo del año pasado a acometer un ajuste social sin precedentes en la historia democrática española.

Elena Salgado, arropada por Rubalcaba hasta la Vicepresidencia económica, diseñó el plan destinado a reducir el déficit público. De un plumazo, voló por los aires el Pacto de Toledo, con una congelación este año de las nóminas de los pensionistas. Además, recortó el sueldo de los funcionarios una media del 5%. La semana pasada, el Congreso de los Diputados bendijo una nueva vuelta de tuerca en las futuras pensiones, al aprobar la reforma del sistema, que consagra un endurecimiento en el acceso a la prestación.

Pero ajuste tras ajuste, el Gobierno ha sido incapaz de llevar la calma a los mercados. De hecho, España, afectada por la onda expansiva de Grecia, sigue en su punto de mira. Por eso, en un intento de «proyectar certidumbre política y económica», el presidente se vió ayer forzado por la crisis a anunciar con 60 días de antelación su decisión de adelantar los comicios generales al histórico 20 de noviembre.

Zapatero eligió para desvelar la noticia electoral una jornada negra para la economía española. A la amenaza de Moody’s de rebajar la calificación del Reino de España, se le sumó durante la jornada una prima de riesgo sin freno, que se situó en 350 puntos básicos. El único dato positivo del día corrió ayer a cargo de la Encuesta de Población activa (EPA) del segundo trimestre del año, que «indica un cambio de tendencia», con una reducción de la tasa de paro de cuatro décimas. Sin embargo, la incógnita a despejar en los próximos días será si el anuncio de convocatoria electoral calmará o no a los mercados, como pretende el presidente. De momento, Zapatero no las tiene todas consigo. De hecho, no ocultó ayer que la tensión en los mercados se prolongará en agosto.

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo se forzó por transmitir que España está por el buen camino. Como botón de muestra, el Instituto Nacional de Estadística desvelará el próximo 18 de agosto que la economía española mantuvo en el segundo trimestre del año un crecimiento moderado por séptimo trimestre consecutivo, frente a alzas del PIB superiores al 4% en la primera legislatura de Zapatero.

Por si fuera poco, las cuentas públicas amenazan con dar al traste a todos los esfuerzos realizados por el Gobierno para meter en cintura a la economía. Del superávit que registraban en 2004 han pasado a un desfase del 9,1% del PIB en 2010. En estos momentos, diferentes gobiernos autonómicos avisan de la asfixia que viven. De hecho, amagan con devolver al Estado competencias, como sanidad y educación. Incluso algunas comunidades, como  Cataluña y Castilla-La Mancha, no cumplirán este año el objetivo de déficit impuesto. De ahí que Moody’s alerte de su intención de rebajar la calificación española. Ante esta situación, Salgado fue incapaz el miércoles pasado de aunar las voluntades de los gobiernos autonómicos para imponer la misma regla de gasto que aplica el Estado.

Por eso, para evitar que el déficit público supere este año el 6%, Zapatero se despedirá de La Moncloa con una vuelta de tuerca. El Consejo de Ministros del próximo 19 de agosto dará luz verde a un nuevo decreto ley, que probablemente incluya un alza de impuesto con un retoque del de Sociedades. No obstante, Zapatero rehusó ayer desvelar si subirá o no los tributos. Lo único que puntualizó es que el decreto incluirá una reforma del Impuesto de Sociedades. ¿Será suficiente este nuevo ajuste para alejar el fantasma del rescate? El tiempo lo dirá.

Demasiados días negros

– Mayo de 2010
El Gobierno anuncia la aprobación de un decreto ley para acometer el mayor recorte social de la historia democrática española: congela pensiones y recorta el sueldo de funcionarios.

– Septiembre de 2010
Los sindicatos salieron a la calle y convocaron una huelga general contra el decretazo del Gobierno y la reforma laboral que abarató el coste del despido en España.

– Febrero de 2011
El Gobierno y los sindicatos llegan a un acuerdo social y económico, que incluye la reforma de la negociación colectiva y los cambios del sistema público de pensiones.

– Junio de 2011
El Ejecutivo aprueba la reforma de la negociación colectiva española, después de no llegar a un acuerdo los interlocutores sociales, tras mesese de negociación.

El mundo económico celebra la decisión

La economía ha recibido con satisfacción la decisión de adelanto electoral. Francisco González, presidente de BBVA, aseguró ayer se trataba de «una buena noticia. España necesita un Gobierno fuerte que tome decisiones que la sitúen otra vez a la altura de los países más importantes de Europa». Arturo Fernández, presidente de CEIM fue en la misma línea: «se necesita un Ejecutivo que devuelva la credibilidad perdida».

Gobierno y PP, en guerra por 18.700 millones de deuda autonómica

Declaración de guerra de los presidentes autonómicos del PP al Gobierno de Zapatero para forzarle a controlar el gasto autonómico de una forma racional y para exigirle que no obligue a las Autonomías a cumplir el objetivo de déficit, si él no cumple con la financiación. La batalla está servida y tiene un objetivo: los 18.736, 46 millones de euros, que es la cantidad que las Autonomías tienen que devolver al Ejecutivo, según aseguró ayer el secretario de de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo. Una devolución que no admite aplazamiento, como así le pide el PP.

En su primera demostración de fuerza, después del poder que le dieron las urnas en las últimas elecciones autonómicas, Rajoy reunió ayer a sus barones para diseñar una estrategia conjunta para hacer frente a Salgado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra hoy. En esta cumbre autonómica del PP, los barones reconocieron la expectación que se ha creado en torno a esta reunión, en la que Salgado se verá frente a frente, y prácticamente sola, con los consejeros de Economía y Hacienda de once Comunidades gobernadas por el PP. Todos coincidieron en la necesidad de convocar elecciones anticipadas «porque los problemas de confianza se solucionan con un cambio de gobierno».

Fruto de esta reunión ha sido la aprobación «unánime», según señalan fuentes del PP, de una declaración donde plantan cara a la ministra de Economía, Elena Salgado. En este documento le ponen su condiciones para poder alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad presupuestaria y solucione las dificultades de financiación de las autonomías. Además, responsabilizan al Gobierno de la situación, por haber contribuido «al relajamiento y derogación de las normas de disciplina, transparencia y estabilidad presupuestaria».

Los populares parten de la convicción de que ha sido el Gobierno socialista el que ha permitido el endeudamiento, «a él no le viene de nuevas, ha autorizado el endeudamiento autonómico y local y ha hecho una previsiones que no eran reales». Consecuencia de esa creencia de que España iba a crecer más y de que se iban a recaudar más ingresos, en definititiva, «errores de cálculo del Ejecutivo», según Rajoy, se adelantaron a cuenta una serie de cantidades a las Comunidades en los años 2008 y 2009 —más de lo que le correspondían porque era un dinero que no se estaba recaudando—, que ahora no pueden devolver en el periodo establecido, cinco años. Para intentar paliar este problema de liquidez que, a juicio del PP, «creó el Gobierno y él tiene que buscar soluciones», los populares piden que se amplíe a diez años el plazo de devolución.

La propuesta la lanzó Rajoy durante una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial y, posteriormente, fue ratificada por sus barones. El PP entiende que la aplicación de esta medida «no implicaría incremento alguno de la deuda pública, pero supondría unas menores necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas».

Problema de liquidez

Como segunda medida para intentar frenar «el problema de liquidez que las autonomías tendrán a medio plazo», como así lo reconocen fuentes populares, los barones autonómicos son partidarios de dar estabilidad a los flujos de tesorería. Con esta medida pretenden que, como ha sucedido ahora, el Gobierno no quite «de forma radical» el pago del dinero procedente de los fondos de competitividad y convergencia, aprobados con el nuevo sistema de financiación autonómico, alegando que no tiene dinero, sino que les dé un tanto por ciento para poder así saber qué dinero ingresan.

La tercera medida importante se refiere al establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado para que las Comunidades Autónomas puedan emitir deuda autonómica, si cumplen sus objetivos de estabilidad presupuestaria.

Para poder llevar a cabo estas tres medidas y hacer sostenible los servicios públicos, los populares proponen que el Gobierno lleve a cabo las reformas legislativas necesarias y ponga en marcha mecanismos para hacer más eficiente el Estado de las Autonomías. Uno de estos mecanimos sería una central de compras para rebajar precios.

Al margen de estas medidas, los populares si ven necesario que los gobiernos autonómicos que acaban de asumir el poder expliquen «a los ciudadanos la plena responsabilidad del Gobierno de España en la situación de liquidez de las cuentas de las administraciones públicas» y proponen «penalizar conductas irresponsables como, por ejemplo, la acumulación de “facturas en el cajón”».

Si España fuese un país serio: Todos estos deberían estar en la cárcel

El presidente del Gobierno no da con la fórmula. Desde que entró en La Moncloa en 2004, hasta en ocho ocasiones ha renovado su Gobierno sin que la situación económica haya mejorado lo más mínimo

Ocho ni más ni menos. Ocho han sido las veces que José Luis Rodríguez Zapatero ha renovado su Gobierno desde 20004. Como si a base de seguir el procedimiento de prueba y error fuera a encontrar la fórmula perfecta para sacar al país de esta crisis asfixiante. Lo hizo en cuatro ocasiones durante su primera legislatura y ya van cuatro en la segunda. Y del casi medio centenar de ministros que ha tenido, tan sóloElena Salgado continúa en el Gabinete. ZP no da con la tecla.

Primer cambio en el Gobierno (abril de 2006)

Dos años le duró a Zapatero su primera «familia» política, de 16 ministerios y con María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes como vicepresidentes. Justo hasta que Bono decidió dejar el ministerio de Defensa y apartarse de la vida política por motivos personales. Con esta huida, ZP aprovechó para sustituir a la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús Sansegundo, por la catedrática de Historia del Pensamiento Mercedes Cabrera. Esta primera crisis la arregló el presidente colocando a Alonso en el Ministerio de Defensa de Bono, y situando al frente del Ministerio del Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha ocupado la cartera hasta que hace unos días decidió dimitir para centrarse en su papel como próximo candidato del PSOE a las elecciones generales.

Segundo cambio en el Gobierno (septiembre de 2006)

El segundo cambio de Gobierno llegó menos de cinco meses después, cuando José Montilla deja la cartera de Industria, Comercio y Turismo para presentarse a las elecciones autonómicas de Cataluña, siendo sustituido por el hasta entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos. Aunque este cambio es forzado, Zapatero tenía muchos frentes de guerra abiertos, desde la acuciante crisis económica, hasta el polémico acuerdo de financiación con la Iglesia, pasando por la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tercer cambio en el Gobierno (febrero de 2007)

En febrero de 2007, lo mismo. El titular de Justicia, Juan Fernández López Aguilar, dejaba su ministerio para presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de Canarias. Su sustituto,Mariano Fernández Bermejo, apenas duró un año en el cargo y se convirtió en el primer ministro de Zapatero que presentó su dimisión por desavenencias con el presidente, el mismo fin de semana que instruía el sumario sobre una presunta trama de corrupción vinculada al PP y los problemas con el juez Baltasar Garzón.

Cuarto cambio en el Gobierno (julio de 2007)

Fue la gran renovación de la primera legislatura, a tan sólo ocho meses de la celebración de las elecciones generales. Zapatero presentó a sus nuevos ministros como auténticos fichajes estrella:Bernat Soria (Sanidad), César Antonio Muñoz Molina (Cultura) y Carme Chacón(Vivienda). En esta carambola a tres bandas, Elena Salgado pasó a Administraciones Públicas yCarmen Calvo, María Antonia Trujillo y Jordi Sevilla dejan el Gobierno.

Quinto cambio en el Gobierno (23 de febrero de 2009)

El quinto cambio de Gobierno se produjo menos de un año después de ganar las elecciones de 2008, en una segunda legislatura que comenzó con 17 ministerios, y con las novedades deCelestino Corbacho (Trabajo e Inmigración), Miguel Sebastián (Industria) y Beatriz Corredor (Vivienda), además de la incorporación de otras dos mujeres para ocupar dos carteras recién creados: Cristina Garmendia (Ciencia e Innovación) y Bibiana Aído (Igualdad y Asuntos Sociales). Pero el 23 de febrero de 2009, Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, presentó su dimisión, a pesar de que había dicho que no iba a dimitir porque todavía tenía mucho que hacer por el país.

Fue sustituido por Francisco Caamaño, que hasta ese momento era secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, desde donde se convirtió en el principal negociador en la reforma del Estatuto de Cataluña.

Sexto cambio de Gobierno (7 de abril de 2009)

La fuerte crisis económica hacía insostenibles las medidas de ZP, que quiso dar otro golpe de mano en abril de 2009, con la salida del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Su sustituto fue la superviviente y eterna Elena Salgado, que abandonó la cartera de Administraciones Públicas.

Este fue el cambió en el que Ángeles González Sinde se hizo con el ministerio de Cultura,Ángel Gabilondo con Educación; Trinidad Jiménez con Sanidad y Políticas Sociales y José Blanco con Fomento, mientras Manuel Chaves quedó como vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial. Muñoz Molina y Soria salían del Gobierno, junto a Cabrera, menos de dos años después de asumir su cargo. Zapatero, que aseguró que los cambios estaban ligados a la «evolución del contexto económico y político», seguía perdido.

Séptimo cambio de Gobierno (20 de octubre de 2010)

A la séptima crisis de Gobierno vino uno de los cambios más sorprendentes de la era Zapatero. Junto a las salidas de Celestino Corbacho, Miguel Ángel Moratinos, Elena Espinosa, Bibiana Aído y Beatriz Corredor, la vicepresidenta y mano derecha del presidente, María Teresa Fernández de la Vega, dejó también el Ejecutivo a favor de Rubalcaba, que pasó a ser el hombre fuerte. Según ZP –que pasó de 17 a 15 carteras con la supresión de Igualdad y Vivienda–, era necesario un nuevo cambio para formar un «Gobierno renovado y políticamente reforzado después de que haya pasado la incertidumbre financiera y presupuestaria».

Junto al «ascenso» de Rubalcaba, Ramón Jaúregui fue nombrado ministro de Presidencia,Valeriano Gómez de Trabajo, Rosa Aguilar de Medio Ambiente y Leire Pajín, recolocando aTrinidad Jiménez en la cartera de Exteriores, se convierte en la nueva ministra de Sanidad.

Octavo cambio de Gobierno (13 de julio de 2011)

Hace apenas una semana, Zapatero formó el que sería su último Gobierno antes de las elecciones de 2012. Eso si no se adelantan, claro. Rubalcaba abandona su cargo y José Blanco asume la portavocía, confirmándose que el hasta ahora secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, sería el nuevo ministro del Interior.

¿Última remodelación de la era Zapatero? Todo parece indicar que sí, pero con el presidente del Gobierno nunca se sabe.

El gobierno «rosa» de Zapatero

El 14 de abril de 2008, tras prometer su renovado cargo ante el Rey, Zapatero daba un golpe de efecto. La fotografía: el presidente junto a sus nueve ministras. El mensaje: el jefe de Gobierno que apuesta por la igualdad, por la paridad (hay el mismo número de cargos masculinos y femeninos) y por romper moldes (por primera vez una mujer está al frente de un ministerio como el de Defensa). El «gobierno rosa» era la propaganda del inicio de una «nueva era», ala que se apuntarían todos los estamentus públicos y autonómicos del país.

Ellas fueron Cristina Garmendia (Ciencia), Magdalena Álvarez (Fomento), Mercedes Cabrera (Educación), Carme

Chacón (Defensa), María Teresa Fernández de la Vega(Presidencia), Elena Salgado (Administraciones Públicas), Beatriz Corredor (Vivienda), Elena Espinosa (Medio Ambiente) y Bibiana Aído, «la ministra más joven de la Democracia», como la presentó el presidente, que estrenaba una cartera novedosa, que nunca antes existió, la de Igualdad. La prensa internacional llegó a llamarlas la «Revolución Rosa» (como hizo el diario italiano «La Stampa»).

Hoy no queda ni rastro de esta paridad: hay únicamente cuatro mujeres ministras y solo se mantienen dos (Carme Chacón y Elena Salgado) del famoso «grupo de las nueve».

Pero el lado femenino del Gobierno ya había levantado muchos titulares cuatro años atrás. En 2004, las ocho ministras nombradas por Zapatero posaban para la revista «Vogue» en un editorial no exento de polémica. La revista que dejaran por unas horas sus «carteras» para reunirlas en una sesión de fotos en La Moncloa, y las críticas por la frivolidad del asunto.

Solamente Elena Salgado se mantiene desde el primer mandato socialista. Además, la vicepresidenta para Asuntos Económicos aparece de vez en cuando en publicaciones de moda y estilo de vida, no por sus medidas contra la crisis, sino como el «toque de clase» dentro de un Gobierno que discute si ponerse o no la corbata.

 

Cospedal pide inhabilitar a Barreda por el agujero presupuestario

El gobierno deCastilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, pidió ayer la inhabilitación política deJosé María Barreda y estudia lleva a cabo posibles acciones legales contra el expresidente de la Comunidad por su irregular actuación al frente de la gestión de los Presupuestos.

Leandro Esteban, portavoz del Ejecutivo, declaró ayer que el PSOE debería inhabilitar a Barreda para cualquier cargo público por “su nefasta acción de gobierno” y “apartarlo de cualquier responsabilidad política”.

Esteban también aseguró que la Junta espera un informe de la Sindicatura de Cuentas de la región sobre la gestión de Barreda, que asegura ha dejado a Castilla-La Mancha “en situación ruinosa”. Las posibles acciones legales podrían venir derivadas de los resultados que arroje el informe síndico, de acuerdo a Esteban. Según el portavoz, Barreda “ha mentido” y es “el verdadero protagonista de una situación desbocada y sin control”.

Este anuncio se ha producido después de saberse que el déficit público de la Comunidad es del 4,9% y no del 1,7%, como aseguró Barreda, y de que el actual equipo de gobierno cifrara en 2.606 millones de euros la deuda real de Castilla-La Mancha.

Elena Salgado, a quien Cospedal ya ha pedido una reunión urgente para hablar de las escandalosas cifras de deuda, puso en duda en Radio Nacional la veracidad de estas cifras. Según la ministra de Economía: “El informe que ha llegado a la secretaría de Estado de Hacienda no lleva la firma del interventor y eso es bastante serio”. También aprovecho para decir que el déficit oculto pueden ser facturas “ya contabilizadas del año anterior” y se lamentó de que Cospedal hiciera caso omiso a sus peticiones de prudencia.

Según Esteban, las declaraciones de Salgado “son excusas de mal pagador”, y defiende que el informe entregado a Hacienda “está elaborado por la Intervención General y las direcciones generales de Política Financiera y Tesorería y la de Presupuestos y Fondos Comunitarios”.

Por su parte, Cristóbal Montoro afirmó ayer en una reunión de consejeros autonómicos que “los consejeros de las Comunidades Autónomas deben difundir la situación real de cada comunidad”, dando permiso para destapar agujeros económicos, incluyendo aquellos desconocidos en empresas públicas autonómicas, aunque pidió que esto se hiciera con prudencia y con datos verificables.

Para Elena Salgado, estas declaraciones son “irresponsables”. También usó el mismo calificativo para referirse a las acusaciones del portavoz del PP, Esteban González Pons, que sugirió que la propia ministra puede tener “facturas ocultas en un cajón”.

González Pons se defendió con un “¿Irresponsable yo?” y añadió “Yo ya conozco a los socialistas, nos dejaron en 1996 700.000 millones de pesetas, un 1% del PIB, en un cajón escondido. Ojalá nos dejen ahora ellos lo que le dejamos nosotros a ellos en 2004”.