La Junta intentó ya en 2008 ocultar «lo antes posible» el escándalo de los ERE

Una asesora ha desvelado la orden de la Junta y que se «vaciaron los armarios» y «se bajaron las persianas» para no dejar ni rastro de los escándalos.

 

El escándalo de los ERE sigue apretando a la Junta de Andalucía. Las investigaciones de la Guardia Civil siguen desvelando datos, que además irían confirmando el conocimiento del Ejecutivo andaluz sobre las irregularidades.

Varios diarios informan este lunes que la Junta de Andalucía intentó a toda costa tapar el escándalo de los ERE en 2008. Es lo que relata una asesora de la Consejería de Trabajo contratada en julio de 2008 en su declaración a la Guardia Civil.

Su objetivo era poner orden al desaguisado de los ERE y conseguir que «lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado y organizado propiamente». Así, añadía esta asesora que «el primer trabajo encomendado fue saber el endeudamiento y compromisos que el anterior responsable de la Dirección General había asumido a pesar de los controles que le habían establecido, como que las órdenes de pago llevaran el visto bueno del viceconsejero de Empleo».

En este sentido, esta asesora relata que cuando llegó a la Junta pudo constatar «que no todo lo que se había comprometido tenía soporte con convenio entre la Dirección General y la Agencia IDEA». Además, agregaba que «muchos de los expedientes carecían de convenio de colaboración de compromiso entre la Dirección General y la Agencia IDEA ni existía el expediente ERE en el expediente/carpeta ni para las empresas tampoco muchos datos o planes de viabilidad o justificación de subvención».

Pero esta asesora, ahora imputada, reconoce que «se me dijo que no era posible abordar dicho escándalo de descontrol sin saber siquiera el fondo de los que había por delante y qué es lo que había firmado el saliente director general, Javier Guerrero».

En su declaración a la Guardia Civil, la asesora llega a asegurar que «desde el domingo 21 de noviembre de 2011 los expedientes han estado bajo el control del director general, se vaciaron armarios, se tenían bajo llave con permiso de la asesora del consejero y de la secretaria. Ésta me comentó que era una locura, unos días tenían permisos y llaves y otros se las quitaban».

Incluso añade que a partir del 25 de noviembre «había un equipo de personas que no conocíamos trabajando con los expedientes en la sala del fondo, detrás de donde están las secretarias, con las persianas bajadas, parecían equipo del Gabinete del consejero«.

Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz

La resolución fue aprobada en 2008 por el Consejo de Gobierno que entonces presidía Manuel Chaves. La Guardia Civil investiga este programa por el desvío de dinero a paraísos fiscales

 

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, firmó de su puño y letra una modificación de los presupuestos andaluces de 2008 destinada a incrementar la partida 31L —que figuraba como «Administración de las relaciones laborales» y que el director de Trabajo ahora encarcelado, Francisco Javier Guerrero, bautizó como «fondo de reptiles»—, con el objeto de financiar el plan Bahía Competitiva. Este plan fue diseñado para promover el desarrollo empresarial en esa zona de Cádiz y está siendo investigado por la Policía ante los indicios de desvío de dinero a fondos bursátiles y a paraísos fiscales.

Griñán firmó la resolución el 16 de diciembre de 2008, cuando era vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Fue aprobada seis días después en el Consejo de Gobierno, presidido entonces por Manuel Chaves.

La modificación presupuestaria consiste en dar de baja diversas cantidades de la partida 32H, cuya finalidad era «Planificación para el empleo», por un importe total de 1.253.853,89 euros, y transferir este importe a la citada partida 31L para «atender y complementar las necesidades de las empresas afectadas en el marco de actuaciones del Plan de la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz (Bahía Competitiva)».

La orden de modificación presupuestaria especifica que el destino del dinero es «ayudas destinadas a prejubilaciones, proyectos de viabilidad, incentivación y consolidación económica de las pequeñas y medianas empresas para el mantenimiento de empleo y el desarrollo de acciones de adquisición de competencias profesionales a los trabajadores mayores de 53 años, con dificultades de inserción en el mercado laboral».

Asimismo, recoge que los fondos serán gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la empresa pública perteneciente a la Consejería andaluza de Economía e Innovación que también gestionaba las ayudas a empresas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos. Según sostiene la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la asignación de estas competencias a dicha empresa pública tendría como finalidad eludir los controles administrativos y la fiscalización a la que está sometida la Consejería y que no se aplican a IDEA. El plan Bahía Competitiva era un ambicioso proyecto creado en 2007 y financiado a partes iguales por la Junta de Andalucía y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —cada administración aportó 47 millones de euros—. Su objetivo era reindustrializar la provincia gaditana.

Sin embargo, la Policía detectó que unos 27 millones de euros fueron a parar a un conglomerado de sociedades vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma e inviables radicados en direcciones falsas. Para acreditar su solvencia, presentaban certificados bancarios, facturas o contratos falsos, que pasaron sin dificultad los controles de la comisión integrada por el Ministerio, la Junta y la Diputación de Cádiz.

El control por el PSOE de este costoso plan de empleo era evidente. El responsable político del mismo era Antonio Perales, integrante del influyente «clan de Alcalá» gaditano y hermano del fallecido Alfonso Perales, que fuera consejero de la Junta. Asimismo, la nuera de Luis Pizarro —exsecretario de Organización del PSOE andaluz, exconsejero de Gobernación y Justicia y número uno socialista por Cádiz en las elecciones del día 25—, Gema Herrera, evaluaba las ayudas dispuestas en el plan.

Subvenciones arbitrarias

En este sentido, ABC denunció ayer que la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, daba instrucciones para manejar a su antojo el destino de las subvenciones, alterando los baremos para incrementar o disminuir los fondos asignados en función de sus intereses. Así, este periódico reprodujo un correo electrónico interno de una directiva de IDEA a Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) —organismo dependiente de la Diputación de Cádiz que gestionaba las ayudas— en el que se daban instrucciones concretas para modificar las cantidades otorgadas sin informes técnicos.

Ayer, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, declaró que «el fraude que se haya podido cometer se ha detectado gracias a los controles exhaustivos de la Junta». Añadió que «si hay alguna empresa que haya hecho un mal uso de los fondos públicos se denuncia y se busca el reintegro. Aquí —subrayó— no hay nada más, salvo la manipulación del PP».

Alaya cifra las ayudas a cargos y amigos del PSOE: 887 casos

La fiscalía Anticorrupción cifra las ayudas en 933 millones de euros. La juez Alaya calcula que miembros y amigos del PSOE recibieron 887 ayudas.

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, al que ha tenido acceso EFE, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, «en connivencia con otros», otorgó esa serie de ayudas «de manera manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas» a su entorno o al de «altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE«.

Todo ello «permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza», dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un «enorme agravio comparativo» con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque «el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas» tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a EFE fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2:30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su «arraigo social y laboral» y porque «podría estar recibiendo presiones externas» para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos «que no haya desvelado todavía».

«Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga», sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan «su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional».

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el «largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado» a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que «carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo» y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía «acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas», según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

Escándalo en Andalucía: «Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria»

La presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al Gobierno andaluz. Repartía dinero con informes falsos y sin control

 

La presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas.

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su propia página web, la misión de Invercaria es «contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región».

Sin embargo, según denunció la Cámara de Cuentas en enero, su gestión está trufada de irregularidades, incluyendo la existencia de un fondo para repartir dinero público entre empresas de forma discrecional y al margen de los procedimientos administrativos. Invercaria imitaba el mecanismo por el que la Agencia IDEA repartía las ayudas de la partida 31L del caso de los ERE, lo que ha motivado que se refiera a este dinero —hasta el momento se han detectado más de ocho millones de euros— como «segundo fondo de reptiles». Como ha venido denunciando ABC, Invercaria repartió dinero a empresas que no lo solicitaban, a otras vinculadas con exaltos cargos del PSOE y a entidades que cerraban a las pocas semanas de recibir el dinero.

Su presidenta, Laura Gómiz Nogales, fue designada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010. El 26 de abril de 2011 mantuvo una reunión con el entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas estaba realizando una auditoría. En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con una máxima contundente: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización». A continuación se desglosan con extractos literales las numerosas irregularidades a las que alude la presidenta de Invercaria.

Ayudas sin procedimientos

La conversación comienza con la presidenta explicando a Cantos que hay que hacer legales los expedientes a posteriori ante la investigación de la Cámara de Cuentas. Gómiz admite en numerosas ocasiones que las ayudas se han repartido sin respetar procedimiento alguno.

—Laura Gómiz (L. G.): «Pero vamos a ver, ¿qué es lo que a mí me preocupa? ¿Vale? Aquí no hay unos procedimientos… o sea, quiero decirte, yo puedo coger y decir: “Con criterios de igualdad, de publicidad y de… unos criterios porque soy empresa pública, doy el dinero”. ¿Vale? Pero nadie me ha escrito esos criterios. No hay una Administración que tenga que seguir unos pasos ni una… Debería tener esos criterios internos establecidos, ¿vale? Unos procedimientos para que no me vengan… “a cualquiera se le ha dado sin unos análisis”. ¿Sabes? Entonces lo único que quiero son unos procedimientos que no están».

—Cristóbal Cantos (C. C): «Vale».

En otro momento de la conversación se vuelve a tomar el asunto:

—L. G. «Pero no porque se hayan hecho las cosas mal, sino porque es que el procedimiento no se ha seguido. Es que no había procedimiento».

Informes falsos

Tras dejar claro que las ayudas se han otorgado sin cumplir el procedimiento, la presidenta de Invercaria pide a su subordinado que haga informes falsos para justificarlas, a lo que este se niega.

—C. C. «Yo te tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo: “Con fecha tal elaboro un informe y hago un Plan de Negocios de esta empresa y con estos datos”. Y te lo paso así. Ahora, si tú me dices: “No, hazlo con fecha 2007”… ¡Laura!, ¿cómo voy a hacer eso?» (…)

—L. G. «Bueno, vale, Cristóbal. Entonces, ¿qué me estas diciendo? ¿Que no vas a hacer los… los…?».

—C. C: «Escúchame: yo no puedo hacer un informe que no es cierto. Yo te… tú me encargas un informe. Yo te hago y te pongo la verdad. Y tú decides si merece la pena o no».

—L. G. «Bueno, Cristóbal, entonces no me vales como trabajador de Invercaria».

La presidenta de Invercaria insiste en que Cantos haga los informes sin fecha para poder justificar a posteriori las ayudas otorgadas:

—L. G. «Yo soy la primera que ha recomendado que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado».

—C. C. «Perfecto, pero con fecha de hoy, ¿no, Laura?»

—L. G. «¿Con fecha de qué?»

—C. C. «De hoy. Es decir, se hace un plan de negocios hoy».

—L. G. «¡No! ¡Y dale con la fecha! ¡No le pongas fecha! (…) La fecha en la que nos… Anterior. Y tú dices: no lo hag… No se hace».

—C. C. «Eso es un informe falso, Laura».

En otro momento, Gómiz admite que se están haciendo informes falsos:

—L. G. «Es que… vamos a ver, en toda la Agencia [IDEA] parece, parece mentira… Es que no te estás dando cuenta: la Agencia está ahora mismo preparando expedientes. La Agencia, todo el equipo directivo de la Agencia…».

—C. C. «Te pregunto: ¿pasados?»

—L. G. «Pasados»

—C. C. «Vale. Laura…».

—L. G. «Cristóbal…».

—C. C. «No quiero saberlo. No quiero saberlo, Laura. Porque me pones en un compromiso. No quiero saberlo».

Ante los reparos éticos de Cantos, Gómiz se muestra contundente:

—L. G. «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».

La cúpula, al corriente

En otro momento de la tensa conversación, Cantos alega que lo que hay que hacer es informar a los superiores, ante lo cual la presidenta admite que lo saben todo.

—L. G. «Que yo ahora vaya… que yo ahora vaya… ¡pero vamos a ver! Cristóbal… ¡Que vivas donde puñetero estás! ¿Tú te crees que yo puedo sacar mierda como esta en esta situación? Que tú estás en una Administración Pública».

—C. C. «Laura, Laura… No es sacarla. Es decírselo a nuestros jefes por escrito. Es decírselo, Laura».

—L. G. «Pero… ¡que ya lo saben!»

—C. C. «Si esto mismo que tú me estás diciendo…».

—L. G. «¡¡Que ya lo sa-ben!!».

La presidenta de Invercaria admite que el Consejo de Administración lo sabe todo y alude a las ayudas a «empresas problemáticas».

—L. G. «Vamos, Cristóbal, que yo sé dónde estoy, y tú ahora mismo no estás, con esta actitud, no estás sabiendo dónde estás. Yo, te lo digo de verdad… ¿Tú te crees…? Te lo he dicho lo primero, antes de que empezásemos esta reunión, te he dicho: “Mis mayores”…».

—C. C. «Sí…».

—L. G. «¿Sabes?, que son los miembros del Consejo de Administración, ¿vale?…».

—C. C. «¿Te lo han pedido por escrito?».

—L. G. «… Saben, te digo, Cristóbal, no te digo… hmmm… no te… hmmm… Saben perfectamente qué es lo que hay aquí: qué informes no hay. Qué informes faltan. Saben ese detalle que yo he pedido ahora a la de esta, pero saben qué empresas hay problemáticas…».

—C. C. «¿Tienen un informe que lo dice?, ¿tienen un informe?… ¿… o lo saben de oídas? Te pregunto, Laura, porque…».

—L. G. «Lo sab… no, de oídas, no. Lo saben porque se lo he dicho yo».

—C. C. «Te recomiendo que hagas un informe y se lo des por escrito».

En otro momento, Gómiz implica directamente al director general de la Agencia IDEA, Antonio Valverde:

—L. G. «No, no, no, no. Yo no estoy en las mismas. Te he puesto el ejemplo, es que esto es con organización. Te he puesto mis ejemplos y tengo a la Cámara de Cuentas, que no es un teatro ni tengo nada: a la Cámara de Cuentas. Yo me voy a la Cámara de Cuentas y le digo: “Tío, en Identivia… mira lo que hay. Es que no había… hmmmm… no hay nada. Saca lo que quieras”. ¡Joder!, Cristóbal, ¿tú te crees que Antonio Valverde no está al tanto de todo lo que hay aquí? Pero bueno, ¿tú te crees? ¿tú te crees?…».

—C. C. «¡Pero no me asustes más! ¡Joé!».

Temor a Alaya

En otro momento de la conversación, se alude al caso de los ERE y al temor que hay en el actual Gobierno andaluz por su vinculación con el asunto.

—L. G. «Todavía, a fecha de ahora la responsabilidad, además de mi cabeza, ¿vale?, es de los que están por encima mío. Por debajo no hay nadie con responsabilidad porque para eso no se firma nada. Soy yo la que firma las cosas».

—C. C. «Ya…».

—L. G. «¿Vale? Entonces yo no puedo coger y decir: «Los que están por encima mía o han estado…”, y ya no hablo por mi inmediato jefe, que ya ha salido, sino muchos de los que ya han salido y que tienen todavía un nombre y que estarán en otros sitios. Pero que yo no me voy a crear ni enemigos ni me voy a… ni me voy a echar mierda hacia arriba. Porque el tema de los ERE, ¿te crees tú que para el consejero de ahora, que acaba de llegar, no es un problema? Está hiper-canijo», explica.