Los 9 heridos en el Empire State fueron alcanzados por balas de la policía

La pistola del tiroteo, en el que murieron dos personas, era española

 

 

La pistola del tiroteo del Empire State Building era española. El hombre que mató de varios tiros en la cabeza a su antiguo jefe este viernes utilizó una semiautomática de calibre 45 que fabricaba una empresa de Éibar, en el País Vasco. Las balas de la Policía para abatir al agresor rebotaron en los edificios de alrededor en plena hora punta e hirieron a nueve personas que pasaban por allí, ninguna de ellas de gravedad.

El asesino, Jeffrey Johnson, había comprado el arma en Sarasota, en Florida, en 1991, cuando la empresa fabricante, Star Bonifacio Echeverría, aún estaba activa. Justo entonces la compañía entró en crisis y cerró después de varias reconversiones y un intento de reflote del Gobierno vasco. Johnson la había guardado estos años también en Nueva York, donde no tenía licencia para llevar armas, según la policía.

Ésta es una de las pistolas más letales del mercado y su uso era habitual, sobre todo, en los ejércitos por su largo alcance. Johnson la empleó para pegarle cinco tiros en la cabeza a su antiguo jefe en la empresa Hazan Import, una importadora de bolsos de mujer chinos que lo había despedido hace un año.

Tras matar a su víctima enfrente del Empire State Building, Johnson salió apresurado por la Quinta Avenida. Un obrero avisó a la policía, que se enfrentó a él. El pistolero sacó entonces su arma y apuntó hacia los agentes. No llegó a disparar, pero estaba a poca distancia y la policía lo mató con 16 disparos.

El jefe de Johnson murió en el acto. Se llamaba Steve Ercolino, tenía 41 años y era vicepresidente de la empresa especializada en comprar accesorios chinos. Había denunciado por acoso a su antiguo empleado, que había sido despedido con otras personas por la crisis después de seis años en la compañía. Johnson residía en el Upper East Side, un barrio pijo de Manhattan, y es descrito por sus vecinos como un tipo solitario que vivía con dos gatos y sólo salía para ir al McDonald’s cada mañana.

A la hora del tiroteo, los visitantes empezaban a llegar al Empire State, que había abierto sus puertas una hora antes. «Oí un montón de tiros. Estaba tomándome un dónut y salí corriendo a ver qué pasaba. Vi al hombre muerto tirado en el suelo y ensangrentado aquí delante»» explicaba a ELMUNDO.es una guardia de seguridad del Empire, que no podía dar su nombre por instrucciones expresas del edificio, temeroso de la mala publicidad por el incidente. Cada año el mirador del rascacielos recibe hasta cuatro millones de visitas.

 

Orden a los agentes británicos: ‘Detener a Assange bajo cualquier circunstancia’

Tensión entre Reino Unido y Ecuador

 

 

 

Detener a Julian Assange «bajo cualquier circunstancia». Así rezaba la circular que los agentes británicos portaban tras el anuncio del fundador de WikiLeaks de comparecer frente a la embajada de Ecuador, en la que se encuentra bajo ‘asilo diplomático’.

La existencia de esta nota la ha revelado una imagen del documento capturada por el fotógrafo Lewis Whyld. El agente fue fotografiado sosteniendo un portapapeles que detalla las posibilidades del fundador de WikiLeaks para escapar del edificio en el que se ha refugiado en los últimos dos meses. La imagen fue tomada el pasado 17 de agosto por la tarde frente a la embajada de Ecuador, según publica ‘The Telegraph‘.

Esto subraya la determinación de los británicos para detener a Assange, una vez que pisara suelo no protegido por la inmunidad diplomática para así llevar a cabo la extradición a Suecia.

Este viernes, 20 embajadores de países sudamericanos se han reunido para seguir la reunión de la OEA en una muestra de solidaridad con la nación que ha concedido asilo a Julian Assange.

En esta reunión, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Argentina y Bolivia han condenado enérgicamente las supuestas amenazas que Ecuador dice haber recibido del Reino Unido. Y se han comprometido a respaldar a Quito.

Cancilleres y representantes de todos los países del continente debaten una propuesta de resolución de Ecuador, que ha denunciado una «amenaza» del Gobierno Británico para entrar en su embajada en Londres, donde se encuentra refugiado Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a quien el país sudamericano ha dado asilo.

 

Al menos 7 muertos y 48 heridos por explosión en refinería en Venezuela

La explosión se ha producido como consecuencia de una fuga de gas que ha generado fuego en dos tanques de la instalación industrial.

 

 

 

Al menos 7 personas muertas y 48 heridas ha dejado una explosión en la refinería de Amuay, una de las tres que conforman el Centro Refinador de Paraguaná (CRP), el más grande de Venezuela y uno de los más grandes del mundo, informó hoy una fuente oficial.

«Llevamos 48 heridos y 7 personas fallecidas, es el reporte que tengo a esta hora», indicó en una comunicación con el canal estatal de televisión VTV Stella Lugo, gobernadora del estado Lara, donde está la refinería. La gobernadora indicó que «hasta ahora la situación está controlada» y han trasladado a los heridos a los hospitales públicos y clínicas privadas de la zona.

 

 

El Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, informó en su cuenta en Twitter que la autoridades trabajan para atender la emergencia. «Estamos actuando con el plan de contingencia en Amuay y precisando las consecuencias en el entorno. Gobierno preparando la atención necesaria», escribió.

La explosión afectó la zona de las esferas en las que se depositan gases de diferente tipo como parte del proceso industrial de refino.

A su vez, el ministro para Energía y Petróleo Rafael Ramírez explicó que la onda expansiva de la explosión afectó a las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y algunas estructuras vecinas.

La explosión se ha producido como consecuencia de una fuga de gas que ha generado fuego en dos tanques de la instalación industrial y cuya onda expansiva ha producido derrumbes y roturas en viviendas cercanas.

Lugo indicó que «todavía existe mucho pánico en la población, la gente está muy asustada», aunque ya se han evacuado las zonas correspondientes y están activados todos los servicios de emergencias de bomberos, ambulancias y protección civil para afrontar la situación.

Añadió que «todavía hay fuego muy alto» en la refinería porque se consumen los hidrocarburos, pero «no hay riesgo» de que se produzcan nuevas explosiones.

 

La casta es insaciable: Diputados valencianos cobran 882 euros al mes de alojamiento hasta en vacaciones

 

Varios diputados de las Cortes de Valencia cobrarán en la nómina de agosto, como pasa todos los meses, un plus de hasta 882 euros por indemnización en el ejercicio de su función. Un complemento que hace años pactaron los grupos políticos para sufragar los gastos de sus señorías que se tienen que desplazar de distintos puntos de la Comunitat para asistir a plenos y comisiones.

Un dinero que los parlamentarios utilizan para hacer frente al pago de las pernoctaciones en hoteles y gastos de comidas y cenas durante los periodos de sesiones. El Parlamento valenciano dio por cerrada su actividad ordinaria en junio, aunque es cierto que en julio hubo plenos extraordinarios y a principios de agosto se reunió la Diputación Permanente (órgano compuesto por un grupo reducido de señorías). Muchos parlamentarios llevan más de un mes sin aparecer por el Parlamento valenciano. A pesar de esas generosas vacaciones, no han dejado de cobrar su plus por alojamiento.

Los diputados que viven a más de cien kilómetros del Parlamento valenciano cobran 882 euros al mes. Sin distinción si se está en periodo vacacional o no. Los más beneficiados en este caso son los de las comarcas alicantinas. El segundo nivel se sitúa en los que residen en una distancia entre 10 y 100 kilómetros, que cobran un plus mensual de 588 euros mensuales. Da igual que uno viva Rafelbunyol (26 kilómetros) que en Vallada (75 kilómetros), el plus es el mismo. Hasta los que viven en Valencia ciudad tienen complemento por alojamiento: 294 euros mensuales.

Este plus se aprobó como una manera de engordar el sueldo. Algunos, como los socialistas Jordi Serra y Pilar Sarrión le dan un uso adecuado ya que tienen casa alquilada en Valencia para poder desarrollar con más efectividad su tarea de diputados. Otros los cobran y pernoctan en hoteles tres días al mes. Además, el menú (dos platos y postre) en la cafetería de Les Corts no supera los 5 euros. Hay otros que se dejan ver más bien poco (hace semanas que no lo hacen) y se llevan los 882 euros al mes.

Incluso como pasa en Madrid, hay señorías que viven en Valencia con casa en propiedad aunque en su acta figura como diputado residente en otro municipio para poder engordar así su nómina con el plus por ejercicio de la función.

Además, junto a esta ayuda para el alojamiento, la Cámara se hace cargo del pago de 0,32 euros por kilómetro en cada desplazamiento desde el lugar de residencia hasta Les Corts y la correspondiente vuelta. Alguien que viva a 150 kilómetros hace un trayecto de ida y vuelta de 300 kilómetros. A 0,32 céntimos, el abono es de 96 euros.

La ayuda se completa con la tarjeta gratuita de la autopista para que ningún diputado tenga que pagar peajes en sus desplazamientos por la Comunitat. Y si no encuentran aparcamiento en el centro de Valencia, pueden dejar su vehículo en el subterráneo de la plaza de la Reina y pasar el pago al Parlamento valenciano. Además, algunos grupos como el PP completan el sueldo de sus señorías con 300 euros al mes por gastos de gasolina.

 

¡Malditos criminales! Hallado en Pakistán el cuerpo sin vida de un niño cristiano con señales de tortura

El cuerpo de Samuel Yaqoob, un niño cristiano con señales de tortura, ha sido hallado en una ciudad del Penjab, en Pakistán. Esto ocurre unos días después de la detención de una niña cristiana con retraso mental acusada de blasfemía por haber supuestamente quemado unas páginas del Corán.

Los defensores de los derechos humanos han condenado el asesinato de Samuel Yaqoob, cuyo cuerpo quemado y torturado ha sido encontrado el día del Aïd, la fiesta que marca el fin del ramadán. Sus labios y su nariz han sido cortados, su estomago ha sido sacado y sus piernas han sido mutiladas.

El niño estaba desaparecido desde el lunes cuando salío del barrio cristiano de chabolas de la ciudad donde vivía para ir al mercado local. Sus familaires han identificado el cuerpo gracias a una marca en la frente.

La Policía ha declarado que está investigando para determinar si el crímen de Samuel está relacionado con una acusación de blasfemia. Su muerte ocurre algunos días después de la detención de Rimsha Masih, una niña deficiente mental acusada por los musulmanes de haber quemado unas páginas del Corán para encender el fuego de la cocina. La niña sigue detenida. Mientras tanto hordas de fanáticos han infligido a los cristianos un castigo colectivo: han incendiado casas, destruido una iglesia, disparado tiros en dirección de otra iglesia y destrozado Biblias… Cientos de cristianos han huido de sus casas por miedo a las represalias.

El presidente Asif Zardari ha intervenido para decir que la controvertida ley sobre la blasfemia, que prevé la pena de muerte para los que insultan el islam, no debe ser utilizada para arreglar cuentas personales.

LA PRENSA DE UN VISTAZO: El «rescate a la televisión de Zapatero»

Entre las noticias sobre Gordillo y Bolinaga, destaca la visión de los distintos diarios sobre la autorización de la fusión de La Sexta y Antena 3.

 

 

El Gobierno volvió ayer de vacaciones y las medidas del primer Consejo de Ministros del curso político son analizadas con lupa por toda la prensa. La prórroga del plan Prepara se lleva los mayores titulares y los editoriales. Mientras El Mundo destaca que el Gobierno ha optado por prorrogar la ayuda «aunque no sirva para lograr un empleo» y alerta de que «es pan para hoy y hambre para mañana», en El País están indigandos con el Ejecutivo y en particular con los ejemplos de Fátima Báñez, que habló ayer del hipotético caso de una familia con ingresos de 8.000 euros y un hijo en paro receptor de la ayuda. «Conviene no irritar a la población con ejemplos tan frívolos», dice el diario de Prisa.

En La Razón están eufóricos con la vuelta al trabajo de Rajoy y sus ministros y no es para menos. Mientras en el editorial celebran que el Gobierno «ha seguido con el impulso reformista que el país necesita» y califica todas las medidas de «seña de identidad de un gabinete consciente de que el país no está para perder el tiempo», en páginas interiores incluyen la decisión que sin duda causó más alegrías en el grupo: el visto bueno a la fusión de Antena 3 y La Sexta. «La modificación de las condiciones posibilita que la operación no siga bloqueada», dice el diario, que no entra más en el fondo de la medida. El Mundo sí va más allá y califica esta decisión de «rescate a la televisión de Zapatero». Para el diario, con la medida «el gobierno del PP le ha dado oxígeno» y «una segunda vida» a La Sexta. «Habría aguantado a corto plazo, pero su economía era delicada», apunta. De Antena 3, destaca que «quería y necesitaba esta fusión para competir de tú a tú con Telecinco-Cuatro». Prisa, mientras, se limita a destacar que el Ejecutivo ha decidido «suavizar» las condiciones del acuerdo en una información que ilustra con una foto de José Manuel Lara.

El informe de la forense de la Audiencia Nacional sobre Bolinaga es el tema del editorial de ABC, que habla de una gestión «apresurada y confusa» y sentencia que el lugar del etarra «sigue siendo la cárcel». En El Mundo, mientras, destacan cómo el entorno de ETA burló la prohibición de la manifestación de apoyo al preso y salió a la calle sin que la Ertzaintza hiciera nada. La excusa, que «los concentrados bajaban hacia el recinto festivo». La Razón prefiere destacar otra decisión fiscal, la de que Gordillo «no pueda ir al súper», en alusión a la petición de alejamiento de los asaltantes. Pero hoy más que de Gordillo, se habla de su víctima, el dueño de la finca de Moratalla a la que el ministro del Interior acusó de connivencia con el sindicalista. Indignado, el duque de Segorbe contesta en El Mundoy se queja de que le hayan «calumniado delante de toda España». Alfonso Ussía, desde La Razón, dice que conoce al duque desde el colegio y que le ve «muy capaz de haber accedido a la simbólica ocupación» para que le respetaran los jardines. Pero destaca que «con o sin connivencia, el ministro tendría que haber ordenado una inmediata y firme actuación de la Guardia Civil. Nada envalentona más que el pavor de sus víctimas», afirma.

 

Cínicos y mentirosos: El Gobierno autoriza un duopolio televisivo en nombre de la «pluralidad»

El Gobierno permite que dos grupos, Antena 3 y Mediaset, acumulen 16 canales, 8 cada uno. Y dice que lo hace para garantizar «la pluralidad».

 

 

 

El gobierno ha autorizado la absorción de La Sexta por Antena3 y, aunque dice que lo hace «con condiciones» modifica los duros requisitos que había impuesto el Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por «razones de interés general y el mantenimiento de pluralismo informativo».

Sin embargo, la medida supone la confirmación de facto de un duopolio televisivo integrado por Mediaset y por Antena 3, grupos que acapararán cada uno ocho canales nacionales de TDT y que en conjunto se repartirán más del 85% del mercado publicitario.

Al mismo tiempo, las medidas del gobierno Zapatero, que Rajoy ni ha frenado ni revertido, han empujado a una situación muy complicada, en algunos casos el cierre, a televisiones como Intereconomía y VeoTV a pesar de que alcanzaban cifras apreciables de audiencia, impidiéndoles compartir publicidad con los canales de otras compañías mientras que a Antena 3 y Mediaset se les permite compartir contenidos entre sus ocho marcas.

Además, lejos de salvaguardar la pluralidad, este modelo televisivo ha dificultado el desarrollo de otros canales más pequeños, como Libertad Digital TV, a los que resulta imposible competir en igualdad de condiciones con los gigantes del duopolio estatal.

Explicaciones confusas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha pasado muy por encima de la cuestión y sólo ha dado más explicaciones, no muchas, al ser preguntada por los periodistas.

Así, ha admitido que el Gobierno «sólo puede modificar» la decisión de la CNC «si hay otras razones»que no estén relacionadas con la competencia. Así, la vicepresidenta se ha escudado en el «proceso de dividendo digital y de apertura de nuevos espacios tecnológicos» que está lanzando la Unión Europea y que, de hecho, se ha presentado también este viernes. Según Sáenz de Santamaría, este proceso, cuya entrada en vigor se ha adelantado a enero del 2014, supone «la necesidad de reorganizar el espectro que se destina a unos y otros operadores«.

También ha aludido al «momento particular del mercado audiovisual» y a que era necesaria «una reducción del número de canales» de los operadores privados de televisión, aunque no ha dejado claro con cuántos se van a quedar los grandes operadores.

Además ha señalado que el Gobierno ha «trabajado muy intensamente con UTECA», la patronal de las televisiones privadas y, de hecho, ha agradecido «a todos los operadores» la «capacidad de diálogo» que han mostrado durante el proceso.

Condiciones de competencia

Competencia autorizó la fusión de Antena 3 y La Sexta, imponiendo a la compañía resultante una serie de condiciones. Así, tal y como informa Europa Press, la CNC había subordinado la operación al cumplimiento de distintas condiciones durante un periodo de cinco años referidas al mercado de la publicidad, la oferta de canales del grupo resultante, la compra de derechos o la obligación por parte del nuevo grupo de suministrar información a la Competencia.

El acuerdo de fusión por absorción entre Antena 3 y La Sexta fue anunciado en diciembre del año pasado. Posteriormente, en abril de este año, la operación fue ratificada por la Junta de Accionistas de Antena 3 y la previsión era que la fusión pudiera estar completada para el mes de junio. Sin embargo, la investigación realizada por la CNC, que en marzo abrió una segunda fase de análisis para descartar cualquier perjuicio a la competencia, ha retrasado la culminación del acuerdo.

Tras conocer las condiciones de Competencia, tanto Antena 3 como La Sexta mostraron su oposición al respecto. En el caso de Antena 3, la cadena consideraba que, en caso de aceptarlas, implicaría competir «en condiciones inferiores» a Mediaset por lo que señaló, al igual que La Sexta, que agotaría todos los mecanismos legales e instancias administrativas con el objetivo de defender la operación y sus intereses. El favor del Gobierno les ha permitido no alargar en exceso la batalla legal.

 

 

 

 

Viera negociaba cara a cara con Magdalena Álvarez las ayudas a los EREs

SEGÚN CONFIRMÓ EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

 

 

José Antonio Viera negociaba ‘vis a vis’ con la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía las ayudas a las empresas en crisis, según confirmó en su declaración en la comisión de investigación de los EREs falsos que tiene lugar en el Parlamento de Andalucía. Durante el mandato de Viera como consejero de Empleo (2000-2004), la titular de Hacienda fue Magdalena Álvarez, nombrada en abril de 2004 ministra de Fomento. En ese mismo año Viera dimitió como consejero de Empleo de la Junta. Viera no precisó si los ‘vis a vis’ continuaron en la etapa de Griñán como consejero de Economía (2004-2009).

La comisión de investigación de los EREs falsos contó ayer con su día grande.Francisco Javier Guerrero no defraudó el miércoles con sus declaraciones(“No soy un putero, soy jovial”), pero en su línea de defensa los exconsejerosJosé Antonio Viera y Antonio Fernández, que intentaron esquivar las respuestas, ofrecieron pistas de su método de gestión al frente de Empleo y el uso de la partida 31L, el llamado fondo de reptiles.

Viera también admitió la utilización de ayudas para sacar beneficio electoral. El caso más llamativo y sobresaliente fue el de las subvenciones otorgadas a la empresa Santana Motor, que a pesar del riego intensivo de dinero del Gobierno andaluz acabó convirtiéndose en el mayor desastre industrial de la historia de la Junta de Andalucía. “Con Santana no se trataba de que la Junta vendiera coches, sino de lograr depender menos de Japón”, remarcó.

El exconsejero de Empleo, que mantiene su condición de aforado al ser parlamentario en el Congreso de los Diputados, negó su vinculación con la trama de la Sierra Norte de Sevilla, cuya zona logró 51 millones de euros de ayudas, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. “Conozco allí a mucha gente, voy a El Pedroso desde 1965 [tiene una casa en el pueblo], pero no he dado ayudas a familiares directos”, resaltó. En la intervención de Viera, en la que se habló de ayudas a una empresa en el que trabajó su hija, era muy importante distinguir entre las falsas prejubilaciones (“no hay EREs irregulares, los EREs son siempre legales”) y las “irregularidades en las pólizas”.

La sesión de la tarde arrancó a las 16.30 horas con la intervención del exconsejero Antonio Fernández, que salió de la cárcel hace 15 días tras pagar una fianza de 450.000 euros. El que fuera titular de Empleo llegó acompañado de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Fernández intentó por todos los medios ausentarse de la comisión de investigación alegando que él ya había contestado todo lo que sabía durante 40 horas de declaración a la juezMercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

“Aquí el que calla no otorga”

El presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, se puso muy serio y le leyó el artículo 76 de la Constitución española que hace referencia a este tipo de comisiones. “Usted tiene que escuchar las preguntas y no sólo exponer su discurso. Luego puede o no contestar a las preguntas. Las preguntas no lesionan ningún derecho. Aquí no es de aplicación lo de ‘el que calla, otorga”, aclaró García. Fernández echó marcha atrás y finalmente decidió no ausentarse, tras matizar que había un grupo parlamentario que conocía el sumario de la juez Alaya. El presidente le respondió: “Aquí no lo conocemos”.

El presidente de la comisión de investigación para los ERE irregulares, Ignacio García.

 

La tesis que expuso Fernández se basaba en que durante los seis años que fue consejero de Empleo (2004-2010) jamás hubo ninguna objeción por parte del Parlamento andaluz a las ayudas concedidas. Tras negar la existencia de fondos ocultos y financiación irregular, resaltó que él fue “el primero” que ordenó investigar lo que pasaba en la Consejería de Empleo. “Fui yo, que no se olvide. Tengo las manos muy limpias”, enfatizó.

Alba Doblas, diputada de Izquierda Unida, se mostró ayer especialmente beligerante contra los dos exconsejeros de Empleo. Doblas tildó a Fernández de “mezquino” y denunció la “inmoral” fiesta de intrusos en la que se convirtió la gestión de las políticas de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. La portavoz del PSOE, Antonia Moro, se limitó a hacer preguntas de cámara para los dos ex altos cargos de la Junta, sin ánimo de abundar en el modus operandi del sistema,

Reparto de 1.500 millones “sin norma”

Rafael Carmona, diputado del PP, insistió en que la Junta de Andalucía repartió fondos “sin norma” jurídica. “Utilizó 1.500 millones de euros para dárselos a quien han querido”, resaltó Carmona. Tanto Viera como Fernández parecían que habían basado su defensa en la existencia de un convenio-marco firmado por la Consejería y los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma. A su juicio, resultaban avales normativos suficientes para la aprobación de las ayudas millonarias a empresas.

La raíz del asunto, como detallaron Doblas y Carmona, era que las subvenciones se otorgaron a firmas pequeñas, algunas de ellas de apenas seis trabajadores. “¿Buscaron empresas para dar esas ayudas?”, preguntó la representante de IU. Los exconsejeros, que culparon a su director general (Francisco Javier Guerrero) y a los técnicos de la consejería de las problemas surgidos con los EREs, se molestaron mucho con la formulación de esta pregunta. “Rotundamente no, eso es una inmoralidad”, contestó Viera.

“¿Irregularidades? Un 1% como mucho, unas 6.000 personas», cifró Antonio Fernández, quien en su exposición final de 10 minutos volvió a insistir en su inocencia: “Nadie puede imaginar el dolor que sufre en la cárcel un hombre que se sabe inocente”. Antes había insistido en que jamás se ha apropiado de dinero: “Nunca, nunca, nunca, he tenido ningún ánimo de enriquecimiento en 30 años de servicio público”.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararán el próximo viernes.Magdalena Álvarez, que también lo iba a hacer, no lo hará al encontrarse de viaje. El PP e Izquierda Unida preparan la munición más intensa de preguntas. Al PSOE no se le espera.

 

Juez al servicio de la política: El juez Castro quien debe decidir sobre Bolinaga recriminó a la forense su informe

El juez Castro, sin embargo y según han filtrado fuentes jurídicas, piensa mantener la teoría del Gobierno de que Bolinaga debe ser tratado fuera de la cárcel y ya ha puesto como ejemplo que nunca ha decidido dejar en prisión a otros etarras con situaciones similares.

 

El juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que regresó ayer a su despacho en la Audiencia Nacional acortando sus vacaciones para ocuparse personalmente del caso Bolinaga, recriminó duramente en persona a la forense el informe sobre la salud del etarra en el que aseguraba que ni estaba en situación terminal ni debía seguir tratamiento fuera de la cárcel, lo que contradecía la versión de Interior.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes de la Fiscalía, Castro intentó luego reconducir la situación con Carmen Baena, la forense responsable delinforme desvelado ayer por este diario. El contenido de dicho informe, en el que se niega que el etarra Bolinaga esté en situación terminal y se asegura, incluso, que sólo ha manifestado hasta ahora “débiles síntomas”, ha puesto en la picota a la cúpula del Ministerio que, hasta ahora, aseguraba que la ley le obligaba a conceder el tercer grado a Bolinaga por su estado de salud. Las mismas fuentes aseguran que la forense ha recibido todo el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia.

Carmen Baena es la médico forense titular de la Audiencia, y ella se ocupa a diario del reconocimiento a presos etarras o del narcotráfico, pero también de las víctimas del terrorismo y de evaluar periódicamente la evolución de sus heridas. Baena, por ejemplo, se ocupó de analizar los restos de la masacre del 11-M o de la malograda Anabel Segura. Además, es autora del libro «Descansen en paz» (Ed. Atlantis).

El juez Castro, sin embargo y según han filtrado fuentes jurídicas, piensamantener la teoría del Gobierno de que Bolinaga debe ser tratado fuera de la cárcel y ya ha puesto como ejemplo que nunca ha decidido dejar en prisión a otros etarras con situaciones similares.

La Asociación Manos Limpias, por su parte, ya ha anunciado una querella contra el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, por “prevaricación” al haber, según el sindicato de funcionarios, “emitido un informe ‘ad hoc’ o a la carta para conceder el tercer grado al etarra Bolinaga».

El informe al que se refiere ‘Manos Limpias” es el del hospital de Donostia que aseguraba que Bolinaga tenía un 90% de posibilidades de morir en el próximo año, algo que según la forense de la Audiencia se reduce al 50 por ciento, tras evaluar todas las estadísticas y los análisis y reconocimientos a que ha sido sometido el etarra. Ese informe es en el que se basa el Gobierno y, según las últimas filtraciones, el juez Castro para decidir la excarcelación de Bolinaga.

El Gobierno, por su parte, ha declinado comentar el informe desvelado ayer y, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que respetará “lo que decida el juez”. Este lunes, Bolinaga será sometido a pruebas en el Hospital Donostia para determinar si comienza a recibir sesiones de radioterapia para tratar los nódulos metastásicos detectados en su cabeza. Un tratamiento que, según el informe de la forense, puede incluso aumentar las posibilidades de supervivencia más allá de ese 50% en un año.